En su intervención, Arturo Aliaga ha señalado que "se ha producido un terremoto" en torno a la posición del Gobierno central sobre el diésel, destacando que ninguna directiva de la UE que prohíba el uso de este combustible y su tecnología, añadiendo que actualmente los motores diésel son más eficientes que antes.

"Una cosa es decir que hay que establecer la senda de la descarbonización y otra que el diésel tiene los días contados: eso no es neutralidad tecnológica", ha dicho.

Ha argumentado que algunas fábricas, en toda España, han realizado inversiones para ser más competitivas y ahora se han encontrado con "un mazazo". Aliaga ha alertado de que "hay una discriminación a los aragoneses con los impuestos" porque al gravamen regional sobre hidrocarburos se suma el anunciado impuesto al diésel.

El PAR presentará en las Cortes aragonesas una proposición no de ley para trasladar su posición a favor de propiciar un pacto con todos los miembros del sector que "el Gobierno puede liderar".

INTERÉS AUTONÓMICO

Al respecto, Javier Lambán ha dejado claro que hace suyos los intereses de la industria de la automoción. Ha comentado que fue el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), quien tomó la decisión de que en todas las comunidades se pagara lo mismo por el combustible, en alusión al impuesto estatal sobre determinados hidrocarburos.

Ha confiado en que los cambios que se realicen "no causen ningún efecto negativo sobre un sector tan importante" para la economía aragonesa. Lambán ha apuntado que la factoría de Opel en Figueruelas ha disminuido el peso relativo de su producción diésel del 65 al 18 por ciento.