Así, los 'populares' han explicado en el documento que el Ayuntamiento de la ciudad aporta el 78 por ciento del presupuesto del Plan, mientras que la Junta "ha recortado este año más del 33 por ciento que le correspondería".

De esta manera, y aunque en un inicio se respetaba el acuerdo de financiación a tres partes iguales, han señalado en el escrito, la aportación del Ayuntamiento es del 78 por ciento, frente a la de la Junta -17 por ciento- y la del Gobierno central -cinco por ciento-.

En este sentido han recordado que en 2017 la aportación de la Consejería con respecto al Consistorio ascendía a 2.626.864,08 euros, mientras que en 2018 ha sido -mediante la Orden de 1 de agosto- de 2.259.123,48 euros, lo que ha supuesto un recorte de 367.740,60 euros.

Los 'populares' han argumentado que esto sitúa al Consistorio en una posición "que dificulta el desarrollo de la política social de la ciudad y repercute negativamente en las personas en situación de exclusión social y en los profesionales que las atiendes", ya que, han indicado, es el Ayuntamiento "el que tiene que cubrir con su presupuesto la cantidad que la Junta deja de ingresar".

Por estos motivos han propuesto en el documento instar al Gobierno central y a la Junta de Andalucía "a que cumplan con lo establecido en la financiación del plan concertado, asumiendo su 33 por ciento correspondiente anualmente, para que los recortes de otras administraciones no obliguen al Ayuntamiento de Málaga a incrementar la partida prevista inicialmente tal y como ocurrirá este año".

También pedir al gobierno que salga elegido tras las elecciones autonómicas que ponga en marcha, junto con las entidades locales, un gran Pacto Andaluz en Defensa de los servicios sociales, que tenga como una de sus finalidades principales la garantía de financiación de los servicios sociales comunitarios sin que ésta se pueda ver mermada por la situación económica por la que esté atravesando Andalucía.

Por último han pedido reclamar a la Junta de Andalucía los fondos extraordinarios que el Ayuntamiento deberá anticipar para responder a las necesidades básicas de las personas más vulnerables.