Camps (PP) lleva al Constitucional el decreto de ayudas a jóvenes para el alquiler

  • La Generalitat Valenciana dice que invade sus competencias.
  • Previamente, pidió al Gobierno la derogación del Real Decreto.
  • El Tribunal podría anular la norma que regula la ayuda de 210 euros.
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Un joven, con el informe para solicitar la ayuda de alquiler.
Un joven, con el informe para solicitar la ayuda de alquiler.
JORGE PARÍS
El Gobierno valenciano ha acordado plantear ante el
Tribunal Constitucional un conflicto de competencias al Gobierno central en relación con el
Real Decreto 1.472/2007, de 2 de noviembre que regula la
renta básica de emancipación de los jóvenes, es decir, los
210 euros de
ayuda al alquiler.

Así lo ha anunciado hoy el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo valenciano, Vicente Rambla, que ha explicado que quieren que se reconozcan las competencias del Consell en materia de vivienda.

El Gobierno debe quedar al margen de la actuaciones en materia de vivienda que son competencia de la Generalitat.
El Constitucional deberá resolver el
conflicto de competencias a favor de una de las dos administraciones y puede acordar incluso la
derogación del real decreto por el que se establecen este tipo de ayudas para los jóvenes.

Rambla recordó que en diciembre de 2007 ya se acordó imponer un requerimiento a esta normativa y, además, se solicitó la derogación.

Según indicó el portavoz, este conflicto de competencias se presenta porque el Gobierno central se ha "inmiscuido" en las competencias propias de la Generalitat. Rambla consideró que el Gobierno "debe quedar al margen de la actuaciones en materia de vivienda que son competencia de la Generalitat".

Este conflicto no es obstáculo para colaborar en esta actuación que, en un contenido claramente electoral, toma el Gobierno.
"Lo que hay es una defensa de nuestras
competencias, lo que no es obstáculo para colaborar en esta actuación que, en un contenido claramente
electoral, toma el Gobierno de
España", añadió.

La Generalitat considera que el Estado carece de título competencial para condicionar con el detalle que lo hace este Real Decreto la política de vivienda que cada comunidad autónoma decida aplicar en uso legítimo de sus competencias.

Además, argumenta, la autonomía financiera de las comunidades autónomas exige la plena disposición de medios financieros para poder ejercer, sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión, las competencias propias en especial las que se configuren como exclusivas, como es el caso de las que tienen en materia de vivienda.

Comunidad Valenciana

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