La denuncia, según ha informado en una nota el PSOE, se sustenta en la auditoría de las cuentas realizada por una empresa externa tras la elección de la nueva Ejecutiva Municipal en noviembre de 2017, en la que fue elegido secretario general Daniel Campos en sustitución del propio Fernández.

La empresa auditora analizó las cuentas de la agrupación y emitió un doble informe en el que "se pone de manifiesto una operativa presuntamente criminal de cada querellado".

En el caso del alcalde, "se constata que desde enero de 2013, y durante cinco años, se ha retribuido a sí mismo mensualmente 1.700 euros provenientes de cuentas bancarias que se nutrían de las asignaciones que el Ayuntamiento de Linares destinaba al Grupo Municipal Socialista".

Ese cobro mensual "se repitió nada menos que durante 59 ocasiones, lo que podría haber reportado a Fernández la cifra de 100.300 euros". En el expediente disciplinario interno, incoado por el PSOE y que desembocó en su expulsión del partido, "Fernández fue incapaz de ofrecer una explicación cabal y razonable del destino del dinero que había venido recibiendo durante más de cinco años".

En el caso de Juan Sánchez, entonces secretario de Organización, la mecánica consistió en detraer, mensualmente, la cantidad de 600 euros, que se quedaba para sí mismo, "por lo que la suma total apropiada ascendería a 13.200 euros". En el expediente disciplinario incoado, tampoco pudo justificar el supuesto aprovechamiento.

"No existe acuerdo alguno, de ningún tipo, adoptado ni por la Comisión Ejecutiva Local del PSOE ni por la Asamblea del PSOE de Linares, ni por ningún otro órgano del PSOE, local, provincial, autonómico ni nacional, que autorizara o acordara remunerar a Fernández y Sánchez con cantidad económica alguna", se recalca en la denuncia.

Todos los hechos puestos en conocimiento del juzgado fueron conocidos tras la renovación de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Linares, que encargó una auditoría externa para tener un conocimiento exacto y fiel de la situación económica de la Agrupación.

"Nuestra obligación era no mirar hacia otro lado y eso es lo que hemos hecho, cueste lo que cueste, porque estamos hablando de comportamientos que no tienen cabida en este partido y que no vamos a tolerar ni a silenciar", han subrayado desde la Comisión Ejecutiva Municipal.

SALIDA Y NUEVO GOBIERNO

Tras su expulsión del PSOE, Fernández mantiene la Alcaldía como no adscrito con un nuevo gobierno municipal formado por otros concejales no adscritos (cinco) y el único representante del partido independiente Cilus, que han asumido concejalías. Además, cuenta con el respaldo del PP (seis ediles), ya que, aunque ha preferido no dirigir áreas sí participa en la gestión diaria a través de presidencias de comisiones, algo que se repite con otro no adscrito.

En concreto, la Comisión Ejecutiva Federal determinó a principios de agosto su expulsión en el marco del expediente abierto en abril por la dirección local. Lo hizo tras considerar "probada la comisión de tres faltas muy graves".

La resolución aludía a una "indisciplina reiterada en relación con las decisiones de las instancias competentes del partido", así como a haber rebasado "sobradamente los límites de la lealtad y de la responsabilidad para con el partido", al "menoscabar la imagen" de cargos públicos o instituciones.

En tercer lugar, señalaba "falta de probidad y de honradez" con una "irregular administración de los fondos del partido", ya que "desde 2013 se detraía 1.700 euros mensuales de una cuenta del partido sin que haya quedado justificado el destinatario, el destino ni la finalidad" y "sin ser contabilizados ni reflejados en la contabilidad de la agrupación".

Precisamente este último asunto es el que el PSOE lleva ahora al juzgado. Antes, lo había trasladado ya la Agencia Tributaria, ante la que la agrupación linarense registró el 22 de agosto una denuncia pidiendo que investigue "si los 1.700 euros que sustraía mensualmente de la cuenta del partido eran declarados a Hacienda".

RECHAZO A LAS ACUSACIONES

El alcalde, por su parte, ha venido tachando de "absolutamente falsas" las razones esgrimidas para su expulsión de las filas socialistas, especialmente, las relativas a apropiación de fondos. Así, ha situado lo ocurrido en una estrategia para quitarlo "del medio", ya que "estorba" al criticar los incumplimientos de las administraciones con Linares, especialmente, de la Junta.

Por ello, además, Fernández ha planteado un acto de conciliación en los tribunales previo a una querella criminal por injurias y calumnias contra Daniel Campos; el secretario general del PSOE en la provincia, Francisco Reyes, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Linares y vicepresidenta primera de la Diputación, Pilar Parra.