El fraude de fluido eléctrico no solo afecta a las empresas distribuidoras, sino también a las administraciones públicas, que ven disminuidos los ingresos regulados en el sistema, lo que repercute también en última instancia en el bolsillo de los consumidores que sí pagan su factura. Este fenómeno, lejos de ir a menos, está experimentando un "más que notable aumento" en el número de casos en forma de enganches ilegales a la red eléctrica, según apuntan fuentes de Iberdrola.

Los datos de la compañía en la Comunitat Valenciana recogen un incremento del 6,1% durante el año 2017 respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 22.861 expedientes de fraude. Además, el ritmo se mantiene, ya que durante los ocho primeros meses de 2018 se han practicado 75.186 inspecciones y se han detectado 15.931 fraudes.

Por provincias, Valencia fue la que más volumen de inspecciones registró durante el pasado año 2017, con 59.753 actuaciones, que acabaron generando 11.615 expedientes de fraude. Durante los ocho primeros meses de 2018, se han realizado 39.858 inspecciones y se han detectado 8.608 fraudes. En Alicante, en el año 2017 se abrieron 8.189 expedientes de fraude y se realizaron 35.964 inspecciones, y hasta agosto se han contabilizado 26.585 inspecciones y se han detectado 4.984 fraudes. Finalmente, en la de Castellón se abrieron 3.057 expedientes de fraude y se realizaron 14.386 inspecciones durante el pasado año, mientras que en los ocho primeros meses del actual se han practicado 8.743 inspecciones que han dado lugar a la identificación de 2.339 casos de fraude.

Con las nuevas tecnologías, cada vez resulta más fácil detectar a los usuarios que cometen fraude eléctrico. "No hay que olvidar que este tipo de fraude está recogido en el Código Penal y que, en función de la cantidad de electricidad ilegalmente consumida, puede constituir un delito, con las responsabilidades que ello conlleva", apuntan desde Iberdrola Distribución.

El fraude eléctrico, que se produce fundamentalmente con enganches ilegales a la red eléctrica y a través de la manipulación de contadores, se detecta principalmente por tres vías: por denuncias  de terceros realizadas a través de la página web www.iberdroladistribucionelectrica.com; a través de campañas específicas en las que se tienen en cuenta distintos tipos de parámetros (como disminuciones repentinas y significativas de consumos) o con carácter puramente aleatorio; y finalmente como consecuencia de actuaciones policiales en las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervienen en auxilio del distribuidor.

Según fuentes de la compañía eléctrica, si existe contrato de suministro de energía en vigor, se envía una carta al comercializador del punto de suministro informándole del tipo de fraude o anomalía encontrada en el equipo de medida instalado, así como la energía que se debe refacturar al cliente o titular del punto de suministro. Si no existe contrato, la empresa distribuidora remite la carta directamente al usuario efectivo de la energía defraudada con el importe que debe abonar por la misma.

Las conexiones ilegales a la red eléctrica y las manipulaciones de los contadores, según apuntan desde Iberdrola, conllevan además "un elevado riesgo para la seguridad de las personas", ya que se realizan al margen de las exigencias legales establecidas y de la normativa técnica vigente. De hecho, el incumplimiento de estos requisitos de seguridad, necesarios en todas las instalaciones autorizadas, puede derivar en electrocuciones y otro tipo de incidentes.