El Gobierno de Ada Colau ha conseguido aprobar provisionalmente la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para reservar un 30% de promociones residenciales de más de 600 metros cuadrados de nueva construcción o reforma a Vivienda de Protección Oficial (VPO), con el voto de BComú, ERC, PSC y los ediles no adscritos Gerard Ardanuy y Juanjo Puigcorbé.

Colau ha dicho en rueda de prensa que la medida "significa cambio de paradigma después de la especulación que se ha hecho de la vivienda y el daño que se ha hecho a miles de familias".

Una vez superado el trámite de la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad este miércoles por la tarde, la medida se votará en pleno del 28 de septiembre y después se llevará para su aprobación definitiva a la Subcomisión de Urbanismo de la Generalitat.

El consistorio calcula que la medida ayuda a aumentar el parque de vivienda asequible en unos 334 pisos nuevos cada año, que es el 30% de los 1.114 pisos nuevos construidos cada año de 2008 a 2016 en suelo urbano consolidado de la ciudad, lo que conllevará que más del 50% de las nuevas viviendas asequibles se ubiquen en barrios céntricos, que es dónde se necesita más VPO y donde se hace más patente la gentrificación y expulsión de vecinos.

"La vivienda es un derecho, no una mercancía", según Colau, que ha asegurado que esta herramienta servirá para cambiar las reglas del juego, y ha instado a que otras instituciones se sumen a esta medida para introducir la corresponsabilidad del sector privado en materia de vivienda e instar a cumplir una función social.

En una comparecencia conjunta de las promotoras de la medida -Favb, Sindicat de Llogaters, Pah, Observatori Desc y Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (Abts)-, la presidenta de la Favb, Ana Menéndez, ha asegurado que la medida "no es una moción de los 21 concejales que la aprobarán, sino una medida de las cinco entidades", y la portavoz de la PAH, Lucía Delgado, ha esperado que la CUP estudie la medida y dé una respuesta afirmativa en el pleno del 28 de septiembre.

Se trata de una propuesta ya prevista en la Ley de urbanismo y en el Reglamento que la desarrolla, y la Ley del derecho a la vivienda catalana, que el consistorio desarrollará de forma "innovadora" para implicar a los promotores privados en el retorno social de la construcción de vivienda.

En este sentido, el MPGM se aplicará a las nuevas licencias que se tramiten a partir de la aprobación definitiva, excepto las que acrediten transacciones hechas -compra de solar- desde el 1 de julio de 2016 hasta la aprobación inicial, y tampoco se aplicará la norma ni a las licencias solicitadas antes de la aprobación inicial ni las solicitadas antes de la aprobación definitiva.

En declaraciones a la prensa, el concejal del PSC Daniel Mòdol ha dicho que apoyan la medida porque están convencidos de que servirá para hacer frente a la crisis de vivienda: "Sin embargo, no se puede esconder la mala gestión en políticas de vivienda de Colau en este mandato", y ha dicho que apuesta por una medida realista y aplicable.