València sale del Plan de Ajuste estatal
Ribó y Vilar, durante la rueda de prensa ofrecida este martes. 20MINUTOS.ES

El Ayuntamiento de València, el único de las grandes ciudades españolas que seguía sometido al Plan de Ajuste del Ministerio de Hacienda, ha logrado sanear sus cuentas y salir de este corsé que le impedía disponer libremente de sus recursos para destinarlos a gasto corriente e inversiones en la ciudad.

El Gobierno de izquierdas encabezado por Joan Ribó (Compromís), en coalición con el PSPV-PSOE y València en Comú, llevará al pleno municipal de septiembre una modificación de crédito de 29,6 millones para liquidar definitivamente el préstamo con el ICO que pidió el anterior Ejecutivo del PP de Rita Barberá para el periodo 2012-2022 debido a su mala situación financiera, que combinaba un elevado nivel de endeudamiento con facturas en los cajones e impagos a proveedores.

Así lo han anunciado este martes el propio Ribó y el concejal de Hacienda, Ramón Vilar (PSPV), en una rueda de prensa en la que han actualizado el estado de las cuentas del Consistorio. El alcalde ha afirmado que la decisión del pleno será hábil 40 días después, el 10 de noviembre, de modo que, antes de finalizar el año, se amortizarán los préstamos pendientes y, en los presupuestos de 2019 ya no estará vigente el Plan de Ajuste, con lo que quedará extinguido tres años antes de lo previsto.

Con la salida del Ayuntamiento de este control, el Consistorio recuperará el control de unos 10 millones de euros que irán al presupuesto municipal, si bien todavía no está claro a qué partidas concretas. En todo caso, Ribó ha confirmado que no se compensarán bajando impuestos porque "hay muchas necesidades", como la elevada tasa de pobreza o las dificultades de acceso a la vivienda. "Nunca hemos dicho que veníamos a bajar impuestos: venimos a mejorar la gestión", ha dicho el concejal Vilar, quien ha destacado que el Consistorio seguirá limitado en la gestión por el techo de gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, "pero hoy salimos de una situación en la que estábamos muy mal situados", ha añadido el responsable municipal de Hacienda.

En este sentido, la deuda estimada para finales de este año será de 446 millones de euros, un 38% menos que la registrada en 2015, cuando el actual Ejecutivo tripartito accedió al Gobierno local (714 millones de euros) y un 54% inferior al máximo registrado en 2012, cuando accedió al Plan de Ajuste. El nivel de deuda previsto para este año supone un 53% respecto a los ingresos al cierre de ejercicio, frente al 135% de 2012. El plazo medio de pago a proveedores, por su parte, se sitúa actualmente en 2,1 días. "Pagamos de forma rigurosa y los proveedores lo saben", ha dicho Ribó.

Los 29,6 millones de euros que se destinarán a liquidar los préstamos del Plan de Ajuste proceden principalmente de pagos de expropiaciones por ejecuciones de sentencias (18 millones de euros, junto con otras partidas) y de otra partida de amortización prevista en el presupuesto (6 millones de euros)

Antecedentes y consecuencias

Según ha explicado Ribó, en 2011, el anterior Gobierno municipal del PP pidió un primer préstamo para financiar el pago a proveedores por 61,63 millones de euros, de los que la mitad (31,51 millones) correspondían a pagos realizados sin crédito presupuestario (facturas en los cajones). Esta operación no consiguió sanear la deuda con los proveedores del Ayuntamiento, de modo que en 2012 se contrata una nueva operación para amortizar en 10 años por importe de 183,16 millones de euros. De este importe, 88,18 millones eran facturas en los cajones.

De este modo, una deuda comercial de 244,79 millones se convirtió en deuda financiera, lo que disparó el endeudamiento del Consistorio hasta su máximo histórico: 1.046 millones de euros, el 148% de sus ingresos, y abocó al Ayuntamiento al Plan de Ajuste para 10 años (2012-2022), el máximo permitido por el Ministerio de Hacienda.

¿Qué suponía para València estar bajo el Plan de Ajuste? Entre las medidas a las que obligaba estaban la prohibición de crear nuevos organismos, entes y empresas municipales, fijaba un superávit obligatorio que en 2017 fue de 90 millones de euros y sometía al Consistorio a una tutela financiera con controles trimestrales "que el Gobierno no se aplica a sí mismo", ha dicho Ribó. "Incluso tuvimos amenazas serias, una fue la de cerrar la EMT por no cumplir con el Plan de Ajuste", ha recordado el primer edil.

"El PP hipotecó a 10 años el futuro de València: no podíamos endeudarnos, teníamos que amortizar 150 millones y nos impedía de facto hacer grandes inversiones en 10 años y también gasto corriente", ha añadido Ribó. "La derecha tiene fama de gestionar bien la economía, pero nosotros hemos demostrado que gestionamos la economía de esta casa infinitamente mejor", ha afirmado el alcalde de València.

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