El PP cántabro ha registrado este miércoles una iniciativa parlamentaria en la que se plantea crear una comisión de investigación parlamentaria sobre el "escándalo" del Servicio Cántabro de Salud (SCS) desde el pasado 8 febrero, para conocer la actuación del Gobierno (PRC-PSOE) desde que la jefa de contratación denunciara irregularidades contractuales.

Y es que el diputado Iñigo Fernández, la comisión propuesta por Podemos -que ha recabado el apoyo de PRC, PSOE y grupo mixto- debe "reorientar, acotar y centrar mucho mejor sus objetivos" de la misma, de ahí que el principal partido de la oposición haya registrado esta "iniciativa paralela" en la Cámara.

El objetivo de la misma es, según ha explicado el parlamentario 'popular', constituir una comisión que investigue "la actuación del Gobierno de Cantabria desde el pasado 8 de febrero", cuando la Consejería de Sanidad -dirigida por la socialista María Luisa Real- "conoció" la denuncia de la jefa de contratación -una alta funcionaria con 35 años de carrera- sobre irregularidades en la contratación, a la que después se sumaron las del PP y el Sindicato Medico, y que han sido llevadas a la Fiscalía por este partido y por IU.

Sin embargo, a juicio de Fernández, la comisión propuesta por la formación morada "tal y como está planteada lleva camino de convertirse en una cortina de humo para esconder la responsabilidad de Luisa Real", algo a lo que el PP "no está dispuesto".

Por ello, con esta nueva iniciativa se pretende "enfocar la investigación hacia donde se han detectadas irregularidades". Y para ello, apunta el portavoz 'popular' "hay total disposición a mantener conversaciones con los representantes del resto de los grupos para alcanzar una propuesta de consenso".

"Ellos hacen una propuesta no para investigar, sino para enmarañar y tapar a Luisa Real, que es lo que le conviene al Gobierno de Cantabria. Nosotros hacemos nuestra propuesta. Hablemos y tratemos de llegar a un acuerdo", plantea Fernández.

Según el PP, "la tarea de los diputados no puede ser analizar la totalidad de los contratos del periodo 2011-2018, porque esa es una competencia y una labor técnica que corresponde a la Intervención, sino el papel del Gobierno de Cantabria, y en particular de la consejera de Sanidad, desde que tuvo conocimiento de la primera denuncia sobre irregularidades el pasado 8 de febrero".

Y ha añadido que el Parlamento tampoco debería investigar los contratos del periodo 2011-2015, porque "nunca han estado bajo sospecha" y además ya han sido "auditados" por todos los organismos competentes, incluido el Tribunal de Cuentas, ni los contratos de esta etapa de gestión en los que la intervención ya ha detectado graves irregularidades que están siendo investigados por la Fiscalía.

Para el principal partido de la oposición, liderado por la exconsejera de Sanidad María José Sáenz de Buruaga, "lo que hay que saber es por qué el Gobierno se ha empeñado primero en ocultar los hechos y entorpecer después su esclarecimiento e impedir la depuración de responsabilidades políticas obvias".

Fernández considera para finalizar que María Luisa Real "ocultó los hechos durante dos meses y medio, qué hizo para esclarecerlos, qué relación guarda este episodio con el cese del interventor, qué se ha hecho por aclararlo desde entonces... eso es lo que tiene que investigar el Parlamento".