La embajada española en Kiev informó el martes por la tarde, mediante un comunicado, del freno a la inscripción de niños de gestación subrogada de una treintena de familias españolas en Ucrania en el Registro Civil para poder atenderlas de manera individualizada con el fin de constatar "que se está respetando la legislación ucraniana en materia de subrogación y la legislación española, así como la validez de la documentación presentada".

Esta investigación consular caso por caso responde al hecho de que varias de estas familias (20minutos no ha conseguido saber cuántas) habrían contratado la gestación subrogada con BioTexCom, la mayor clínica del sector que fue clausurada en julio por el Gobierno de Ucrania, por posibles "irregularidades", tales como gestaciones sin ningún material genético de los padres y contagios de ETS a las mujeres gestantes.

En su página web, BioTExCom no menciona la investigación a la que le está sometiendo la Fiscalía General de Ucrania por tráfico de niños, delito fiscal y falsedad documental, y que mantiene en arresto domiciliario al su propietario, a quien ya se le cerró un centro anterior, según informa este viernes El Confidencial. En su página de Internet en español, este centro de reproducción se limita a justificar el cierre de nuevas gestaciones subrogadas en el marco de la futura aprobación de una nueva ley sobre gestación subrogada en Ucrania.

Efectivamente, en Ucrania se está llevando a cabo un proceso legislativo para regular la gestación subrogada. Fuentes conocedoras de la situación explican que hay entre cinco y siete propuestas diferentes sobre la materia, entre las cuales algunas proponen limitar esta práctica a las familias residentes en Ucrania, lo que supondría el veto a los extranjeros. Algo que sin embargo no aparece en la propuesta del bloque del presidente Petro Poroshenko, más favorable a que los extranjeros puedan seguir acudiendo al país, eso sí con los mismos requisitos que los nacionales.

BioTexCom no dice nada en su web, sin embargo, de la investigación ni de que se está tomando declaración a todo el personal, después de detectar numerosas ilegalidades que podrían conllevar de 8 a 15 años de prisión para sus responsables. La causa se inició, según prensa ucraniana, porque una pareja italiana constató que su bebé no tenía material genético del padre, según exige la ley. Los primeros rumores sobre la investigación llegaron a los foros de padres en España en el mes de abril, y en julio ya dio cuenta de ella públicamente la Fiscalía del Estado ucraniana.

La práctica de la gestación subrogada exige en Ucrania que la gestante reciba un embrión, es decir un óvulo de otra donante inseminado con material genético del padre que se hará cargo. Con el objeto de abaratar costes, la clínica ahora clausurada habría utilizado prácticas ilegales como la inseminación directa, que habría provocado enfermedades de transmisión sexual a mujeres gestantes a las que se investiga también cómo las "reclutaba".

Mientras tanto, las familias españolas que siguen sin poder inscribir a los menores a los que han ido a buscar en el registro civil han informado de que el consulado español en Kiev les ha citado el próximo lunes por la tarde a una reunión para explicarles las novedades sobre el procedimiento que les permitirá regresar a España.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha afirmado este viernes que se esperan "resultados a corto plazo" sobre la situación de estas familias que no consiguen la nacionalidad española para los recién nacidos.