La asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), de carácter progresista, ha decidido apoyar las medidas urgentes contra la violencia machista después de someter la cuestión a un debate entre los expertos, que han concluido que éstas implican "uno de los primeros pasos" para aplicar el pacto de Estado.

En un primer momento fuentes de la asociación mostraron el malestar por parte de algunos asociados con las medidas aprobadas por el Ejecutivo el pasado 3 de agosto vía Real Decreto ley al cuestionar que, con esta fórmula, se pudiese conceder la condición de víctima de violencia de género sin necesidad de resolución judicial.

Sin embargo, según precisan las fuentes, el asunto se ha sometido en los últimos días a debate entre los expertos en violencia de género de la asociación, que finalmente han determinado una postura a favor de la medida.

En un comunicado, la comisión de violencia de género de JJpD considera que "son  necesarias e imprescindibles las reformas legislativas" que protejan a las víctimas y, a diferencia de otras tres asociaciones del sector, niega que no exista "urgencia alguna" para ponerlas en marcha.

La asociación cree que ya tuvo lugar el debate necesario cuando se aprobó el pacto de Estado en materia de violencia de género en septiembre de 2017 y denuncia que todavía "no se han puesto en marcha prácticamente ninguna de las medidas tomadas para su efectividad".

Recuerda que el pacto ya recogía la necesidad de diseñar un nuevo sistema de acreditación de la condición de víctima -con la nueva medida pueden hacerlo los servicios sociales- y subraya la diferencia entre ser considerada víctima "a efectos de apoyos y ayudas administrativas" y serlo "en el proceso penal".

Defiende también la modificación del Código Civil por la que los menores expuestos a violencia de género no necesitan el permiso del padre para recibir atención psicológica, una medida que dos asociaciones -Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- critican por afectar a la patria potestad.

Sin embargo, para JJpD esta fórmula "garantiza la atención y apoyo del niño o de la niña en supuestos de riesgo o daño causado por quien está incurso en causa penal" por malos tratos o abuso sexual.

El apoyo manifestado ahora por JJpD contrasta con el sentir de las otras tres asociaciones judiciales, que creen que algunas de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno dejan en manos de la Administración lo que es competencia del juez.

Paralelamente, treinta y cinco organizaciones también mostraron su disconformidad con el Real Decreto ley y solicitaron al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.