"Se están ofertando cursos on line donde un joven de un pueblo de Castilla-La Mancha puede obtener el título de socorrista con estar 30 horas frente a un ordenador sin que nadie pueda verificar, siquiera, si sabe nadar", apuntilló Quintana durante una charla a una veintena de alumnos y trabajadores que se están preparando para obtener la titulación de socorrista profesional en Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

En este sentido, apuntó que los "guardavidas", término que considera aglutina una acción más amplia en la vigilancia de playas que el de socorrista, tanto de Canarias como del resto de España generalmente "poseen una escasa preparación en materia de prevención de los ahogamientos".

Al respecto, incidió en que el "mayor número de vidas se salvan, no cuando te lanzas a rescatar un bañista en apuros, sino antes" de que se meta en el agua, "observando su actitud". Por ello, resaltó la necesidad de "prestigiar el papel del socorrista profesional dotándole de una adecuada" formación, así como reconociendo su función "vital" en el rescate de personas, que matizó debe tener "un alto componente vocacional".

Así reiteró que "muchas" vidas dependen de los guardavidas, de su "capacidad de observación y de la profesionalidad" para estar vigilantes tanto subidos en una torre como realizando la vigilancia recorriendo la orilla, según informó la plataforma en nota de prensa.

Quintana citó como otra de las "grandes carencias" del gremio, el que el 70 por ciento de los guardavidas "no es capaz de identificar una corriente de retorno", siendo esta la tercera causa de muerte por ahogamiento en Canarias según un estudio elaborado por expertos de la Universidad Europea del Atlántico de Cantabria, liderado por el profesor Javier Costa.

Por último, el autor de la campaña, auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria, también criticó la contratación "en precario que afecta al sector", ya que consideró que son profesionales que "sufren explotación laboral, en muchos casos, fruto de licitaciones públicas a la baja que suscriben los ayuntamientos con las empresas del sector".