Según el reparto a las comunidades propuesto por el Ministerio para 2018 de los fondos correspondientes al 0,7 por ciento del IRPF para los proyectos sociales de la X Solidaria, a la Región de Murcia le corresponderían 7.235.000 euros, de manera que dejará de percibir más de 70.000 euros que ya estaban aprobados y comprometidos con anterioridad.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, ha mostrado su malestar en la reunión extraordinaria del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado en Madrid, ante lo que considera "un agravio comparativo con otras comunidades autónomas".

Según ha explicado en su intervención, después de varias reuniones del grupo de trabajo que se constituyó el año pasado y de la Comisión Delegada de Servicios Sociales, el día 11 de mayo de 2018 se alcanzó un acuerdo formal sobre el reparto de estos fondos, respaldado por la mayoría de las comunidades autónomas, tras la correspondiente votación.

La Comisión Delegada alcanzó un acuerdo que se debió mantener, ya que sólo quedaba el reparto de 1,1 millones de euros por aclarar. "Modificar el acuerdo supone que haya regiones que ganan con respecto a la anterior distribución y otras que perdemos. Así no es posible apoyar este nuevo acuerdo", ha dicho.

"A la Región de Murcia le hubiese gustado que ese acuerdo se mantuviera y se aprobara con rapidez la distribución de los fondos del 0,7 por ciento para este año para convocar las subvenciones a las entidades del tercer sector, que son tan necesarias", señala.

También se ha referido a la participación de estas entidades. "En la Región de Murcia las organizaciones del tercer sector conocían ese acuerdo, por lo que es muy difícil apoyar cualquier nuevo reparto que supone, en nuestro caso, la minoración de la cantidad asignada".

Con los fondos de la X Solidaria, la Región de Murcia subvenciona 337 proyectos de 89 entidades del Tercer Sector, con más de 7,2 millones de euros. Los proyectos presentados en 2017 y que se van a desarrollar durante este año suponen una ayuda para 46.000 personas.

En cuanto a las ayudas del plan concertado 'Protección a la familia y a la atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales', el 60 por ciento del mismo va destinado a familia y el 40 por ciento restante a prestaciones básicas.

Dentro de este plan, la línea de 'Protección a la familia y a la atención a la pobreza infantil', cuenta con 2,5 millones de euros. Con estos créditos se pueden financiar proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de los menores, cubriendo necesidades básicas; de apoyo a la conciliación familiar y laboral, y servicios de intervención familiar.

"El análisis de esta desigualdad es compartido por el Ministerio y las comunidades autónomas, que ya fuimos convocadas en septiembre de 2017 a un grupo de trabajo para analizar los criterios de distribución y financiación de los créditos de los programas sociales", declaró la consejera. Debemos utilizar datos de "situaciones de necesidad social objetivables" para ver quién está desfavorecido y quién no.

La consejera ha explicado que el Ministerio "ha hecho oídos sordos a nuestras demandas, por lo que urge retomar el trabajo de ese grupo y definir un sistema de reparto que cuente con criterios objetivos de necesidad social de la población".

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