La Comisión Europea ha dado un ultimátum a la plataforma de alquileres privados vacacionales Airbnb para que antes de finales de agosto le presente sus propuestas para cumplir la normativa europea de consumidores.

En el caso que no fueran satisfactorios para la CE los cambios en sus políticas propuestos por el propio Airbnb, el Ejecutivo comunitario se reserva el derecho a "tomar acciones" contra la plataforma.

Entre otros puntos, Bruselas quiere que la plataforma sea clara con el precio final que ofrece a los usuarios en su web y que distinga entre propietarios particulares y profesionales, entre otras cosas.

Asimismo, también le genera preocupación el hecho de que la plataforma pueda decidir unilateralmente sobre los términos del contrato sin haber informado previamente o que se intente evitar que se resuelvan las disputas por las vías tradicionales.

"Cada vez más gente reserva su alojamiento vacacional por internet y este sector está procurando muchas nuevas oportunidades. Pero la popularidad no puede ser una excusa para no cumplir con la regulación europea", dejó claro en rueda de prensa la comisaria europea de Consumo, Vera Jourová.

La comisaria checa enfatizó que "los consumidores deben poder comprender fácilmente cuánto y en qué concepto pagan" así como "obtener un trato y servicios justos".

Por todo ello, la CE considera que, con los términos actuales, Airbnb no cumple ni con la directiva de prácticas comerciales injustas ni con la de contratos injustos. El propio Ejecutivo comunitario y las autoridades de consumidores europeas estudiarán las soluciones que presente la plataforma, si lo hace, a finales de agosto.

De no ser satisfactorias las propuestas, cada país tomará medidas a nivel nacional a través de sus organismos de consumidores, pues "no existe un órgano a nivel comunitario", señaló Jourová, que apostó por que las autoridades de los Veintiocho encontrarán "medidas coordinadas" para hacer frente al conflicto.

Jourová aclaró que la CE solo se ocupa de promover que Airbnb se alinee con la legislación europea, sin perjuicio de que países o localidades europeas impongan otras exigencias añadidas.