Canarios Sin Alas advierte de que el descuento del 75% es un "cheque en blanco" a las compañías y pide regular tarifas

  • El presidente de Canarios Sin Alas, Fernando Cabrera, ha advertido de que el aumento al 75% de la bonificación en billetes de barco y avión para residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, que entrará en vigor el proximo lunes, es un "cheque en blanco" a las compañías áreas y marítimas; por eso piden que se garanticen unas tarifas máximas asequibles en el transporte de viajeros.

En un comunicado, el presidente de Canarios Sin Alas ha afirmado que estas compañías "lograrán en unos meses aumentar sus ya desorbitados beneficios a costa del bolsillo de todos los consumidores españoles, especialmente de los canarios y canarias no residentes en el archipiélago", que, tal y como asegura, "son tratados sistemáticamente como turistas".

Para Fernando Cabrera, "la trampa de esta subvención del 75% es que la tarifa seguirá dependiendo de las compañías aéreas, es decir, el descuento a veces será sobre un billete de 100 euros, otras sobre 300 o sobre 500 euros. De este modo, las aerolíneas se seguirán beneficiando de un negocio redondo: el viajero paga y el Estado paga".

Desde Canarios Sin Alas demandan al Gobierno "un giro de política y sensibilidad con la situación de miles de familias, dando un paso a favor de la cohesión territorial real". "Mientras no se declaren rutas de Obligado Servicio Público (OSP) y sean las compañías las que establezcan las tarifas a su antojo, el principio de igualdad de oportunidades se verá gravemente vulnerado", por lo que la regulación de un servicio público que conecta a todos los españoles -canarios o no- con las islas es "urgente", señalan.

Canarios Sin Alas celebra que haya descuentos para los residentes, pero considera que avanzar en conectividad y movilidad territorial "pasa obligatoriamente por la regulación de las tarifas aplicadas a rutas que son de necesidad social: Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Que no se haga negocio con un servicio de transporte público, aprovechándose de las ayudas públicas y encareciendo el precio del pasaje a límites abusivos".

Esta medida, añaden, "ahonda aún más en el agravio comparativo que ya existe entre los canarios y canarias no residentes y el resto de la ciudadanía española establecida en otras provincias diferentes a las de origen", y afirman que este es "tanto un agravio económico como logístico, ya que cualquier peninsular puede elegir para desplazarse a su hogar entre el coche, el autobús, el tren y el avión y al precio que más se adapte a su poder adquisitivo, mientras que miles de canarios y canarias que por motivos laborales residen fuera del archipiélago son tratados sistemáticamente como turistas sin serlo".

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

Desde la asociación siguen dando pasos a favor de la igualdad de oportunidades y recuerdan que son miles de familias -las que están a un lado y al otro del Atlántico- las divididas y afectadas.

El pasado 7 de julio, Canarios Sin Alas celebró su primera asamblea nacional en la Casa de Canarias de Madrid, en la que entre otras cuestiones decidieron intensificar su ronda de contactos con todos los partidos políticos representados en el arco parlamentario, y han conseguido 45.000 firmas en Change.org apoyando sus reinvidicaciones.

Desde la asociación creen urgente que el Ministerio de Fomento aborde la regulación del mercado para que cualquier español -independientemente de donde resida- pueda viajar a las Islas Canarias a precios más asequibles que los actuales, "peligrosamente sujetos a los arbitrarios intereses de las aerolíneas". Una petición que hacen además extensiva a Baleares, Ceuta y Melilla. Exigimos así de nuevo al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias que tomen las medidas políticas oportunas para garantizar unas tarifas máximas asequibles en el transporte aéreo y marítimo de viajeros.

También piden que se estudie la creación de puentes aéreos o nuevas rutas para que los canarios residentes en la Península puedan volar a su región de origen -parte del territorio nacional- sin depender de la oferta y la demanda del mercado turístico, con el "inasumible" impacto económico que ello conlleva.

Por último, solicitan que la Unión Europea aborde una regulación más justa de la normativa que se aplica a las Regiones Ultraperiféricas (RUP).

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