La CIG impulsará una plataforma, abierta a otros sindicatos, a formaciones políticas y a asociaciones de vecinos, en defensa del correo rural y ha convocado para el próximo 14 de febrero una concentración en Santiago para manifestar su rechazo a la supresión del reparto a domicilio en determinados entornos y la implantación de buzones comunes.

Así lo anunció hoy el responsable de Correos de la central sindical, Xosé Blanco, que alertó de que, al margen de "deteriorar" los servicios públicos, esta medida costará el empleo a unos 400 de los 1.300 carteros rurales de Galicia.

"El objetivo es reducir costes y presentar la empresa al capital como una perita en dulce de cara a una privatización", esgrimió, y recordó que la normativa europea prevé la liberalización del sector para el año 2011.

En esta línea, su compañero Anxo Alvarez detalló los entornos considerados especiales y que se verán, de aquí a dos años, afectados por la norma. Se trata de las viviendas a más de 250 metros de la vía pública, de los polígonos industriales, de los lugares donde habiten menos de 25 personas por hectáreas, o de las zonas con condiciones climatológicas extremas.

A parte, denuncian que se abre la posibilidad de que Correos decida dejar de repartir en determinadas aldeas, de forma que los vecinos tendrían que desplazarse hasta la oficina.

Protección de los datos

Asimismo, Blanco añadió que el buzón comunitario "atenta contra la Ley de Protección de Datos" ya que, a su juicio, "carecen de las garantías mínimas de seguridad" ante posibles hurtos de la correspondencia, que a menudo contiene datos personales, como el número de cuentas bancarias.

Por todo ello, la CIG comenzó meses atrás una campaña para ponerse en contacto con las organizaciones políticas, tanto en el ámbito gallego como en el municipal, y con las asociaciones de vecinos.

Ahora, exige a los poderes públicos de la comunidad que se sumen a sus reclamaciones, dado que, según apuntaron, sólo Galicia y Asturias se verían perjudicadas por la medida, a causa de su dispersión poblacional.

En este sentido, el secretario xeral del sindicato, Suso Seixo, que calificó la iniciativa de "auténtica barbaridad", aprovechó para defender el traspaso de las competencias de Correos a la Xunta, y opinó que el Ejecutivo gallego gestionaría el servicio de modo "adaptado a las necesidades del país".

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