irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra, la empresa pública de esa corporación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El PP en la Diputación presentó el pasado 29 de junio una petición dirigida al juzgado en la que solicitaba la personación en las diligencias abiertas por la operación Alquería como parte acusadora "al objeto de ejercitar las acciones penales y civiles" que procedan contra el expresidente socialista de la corporación, Jorge Rodríguez, y "contra cuantos pudieran ser responsables de los delitos investigados" en este caso.
Rodríguez fue detenido el miércoles de la pasada semana, junto con otras cinco personas más, altos cargos de la Diputación y Divalterra, en una causa abierta por prevaricación y malversación por presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra.
Además de Rodríguez, fueron detenidos el director gerente de Divalterra, Xavier Simó (PSPV); el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego; el secretario letrado asesor de Divalterra, Jorge Cuerda; la cogerente de la empresa pública, Agustina Brines -que anunció que se apartaba de su cargo- y el asesor Manuel Reguart.
Todos se acogieron a su derecho a no declarar ante el instructor y quedaron en libertad con la obligación de comparecer en el Juzgado de Instrucción 9 cuando sean llamados en esta causa, que permanece secreta.
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