La sociedad municipal de Zaragoza-Vivienda ha adjudicado 634 hogares de alquiler social en tres años -desde 2015 hasta 2018- frente a los 573 de las tres legislaturas anteriores, entre 2003 y 2015. Estos datos revelan que se han producido 17,6 adjudicaciones al mes sobre las 6,6 del mandato anterior o las 2,3 del periodo 2003-07.

Las estimaciones apuntan que el actual mandato podría alcanzar las 840 viviendas, que sería una proyección "conservadora", ha precisado el concejal de Vivienda y Deporte, Pablo Híjar. "Las políticas del ayuntamiento han cambiado para bien y no es suficiente, pero todo lo que estén en nuestras manos será atender estas exigencias".

En rueda de prensa, Híjar ha contado que de las 634 viviendas de alquiler social adjudicadas, el 61 por ciento son de acceso general mediante la bolsa de alquiler social municipal; mientras que el 33 por ciento restante son por emergencia habitacional para dar respuesta a procedimientos judiciales por deuda hipotecaria o de alquiler, atender a colectivos vulnerables como

víctimas de violencia machista, personas refugiadas o sin hogar.

Las unidades de convivencia que acceden por el procedimiento general deben cumplir tres condiciones básicas como es tener necesidad de una vivienda, estar empadronado en Zaragoza y contar con unos ingresos netos anuales superiores a los 5.100 euros e inferiores a los 26.855 euros.

El siguiente grupo, por número, accede a través de la Oficina Municipal de Vivienda, que es el 18,3 por ciento. Se trata de familias inmersas en procedimientos judiciales por deuda hipotecaria o por alquiler y con alto riesgo de pérdida de su hogar. Solo acceden a la vivienda social de alquiler cuando las intervenciones de mediación no tienen resultado positivo y no hay otra alternativa para evitar la exclusión social.

OTROS CASOS

El 10,5 por ciento de los casos de emergencia habitacional se solventan mediante el convenio entre

Zaragoza-Vivienda y el Gobierno de Aragón para unidades de convivencia vulnerables en situación de emergencia habitacional por la pérdida de su vivienda habitual. Con el mismo objetivo se atiende el 4,3 por ciento de las adjudicaciones derivadas del convenio con el Consejo General del Poder Judicial.

Al respecto, Híjar ha considerado que este convenio, que data de la anterior legislatura "no se debería utilizar porque está superado y no tiene marco legal es solo un convenio".

El otro 5,9 por ciento de las adjudicaciones vienen de situaciones de vulnerabilidad ligadas a programas del área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza.

Híjar ha detallado que las viviendas provienen del programa de alquiler social municipal que alcanzan más de 350 hogares firmadas, de la conversión de 191 viviendas protegidas de alquiler en un bloque de Parque Goya que supuso un "nicho importante" y otras operaciones como acortara los tiempos entre la salida de un inquilino y la entrada de otro.

"En la actualidad hay más de 2.200 viviendas de alquiler social y antes de 2015 había 1.535, que es una diferencia de casi un 40 por ciento".

URGENTE

Por otro lado, ha opinado que es "urgente" que el Gobierno que preside Pedro Sánchez acometa la reforma de la Ley hipotecaria y la Ley de arrendamientos urbanos, además de poner limitaciones al precio del alquiler.

Híjar ha informado de que la semana pasada se ha producido un desalojo de una familia que tenía regularizada su vivienda de alquiler social, pero estaba en mala situación.

"Era una infravivienda, se produjo un problema con la propiedad que llevó al impago de rentas por lo que fue desalojada. Esta familia debería ser responsabilidad del Gobierno de Aragón realojarla, pero ha sido Zaragoza-Vivienda quien se ha hecho cargo".

Al respecto, ha indicado que llama la atención porque se produce con asiduidad que muchas viviendas de alquileres baratos de entidades financieras y particulares están en muy mal estado y hay desinformación e indefensión de los inquilinos porque no saben los derechos que les asisten, por lo que el Ayuntamiento se plantea como establecer algún punto de asesoramiento para estos afectados.

Híjar ha alertado de que está previsto un desahucio el próximo martes de una pareja gitana con 3 menores residentes en vivienda

ocupada de una entidad con la que se llegó a un compromiso de estudiar la situación para ofrecer un alquiler social pero al pasar a la Sareb "el banco malo se desentiende de los compromisos con la familia y activa el desalojo".

Zaragoza Vivienda lleva un año intentando mediar en este caso y ha confiado en que haya un intento de las

plataformas de paralizar el

desahucio.

"Vemos bien que las plataformas y la sociedad civil intenten paralizara estas situaciones". Ha anunciado que, en caso de no lograrlo, este caso se estudiarán por la sociedad Zaragoza-Vivienda y se podría realojar en un vivienda alquiler social".