Al igual que ha ocurrido en otros puntos de España, la compañía ha cerrado sus instalaciones en Gijón, dejando a muchos de sus afectados sin servicio y con un crédito que pagar.

"La idea es contactar con ellos y ponernos a su disposición, ver qué se puede hacer desde la Administración para orientarles sobre cómo presentar sus reclamaciones", ha indicado Urdiales a preguntas de Europa Press.

Inicialmente la idea de Urdiales es la de realizar una mediación con las entidades financieros, para que interrumpir aquellos créditos que aún no se han parado, de tal forma que la gente no siga pagando un dinero por un servicio que ya no existe.

De no prosperar esa mediación, quedarían las vías judiciales y administrativas sancionadoras. "Es también nuestra intención orientarles también en este caso", ha señalado.

Urdiales ha explicado que desde la Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo de Asturias ya se lleva siguiendo de forma exhaustiva desde el pasado mes de octubre la situación de esta empresa. Asturias, de hecho, ya ya ha puesto en marcha varios expedientes sancionadores, según ha confirmado la directora de la Agencia.

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