Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el pasado mes de enero el Decanato de los Juzgados de San Sebastián denunció ante la Ertzaintza unas presuntas irregularidades cometidas por uno de los funcionarios de los Juzgados de lo Social de San Sebastián en lo referente al reparto de determinados asuntos judiciales.

Las mismas fuentes han explicado que las modificaciones detectadas consistían fundamentalmente en la perturbación de la asignación aleatoria de cierto tipo de casos en materia de Seguridad Social, más concretamente las demandas clasificadas como 'Impugnación de altas médicas' y 'Minusvalía y dependencia'.

El funcionario investigado habría efectuado anulaciones y posteriores reasignaciones a determinados tipos de asuntos judiciales que entraban a reparto, alterando el orden de los Juzgados de lo Social en los que recaían. También habría manipulado la clasificación de ciertas demandas, alterando los códigos de las materias o clases de reparto designados a determinados expedientes que entraban a reparto.

Si bien se comprobó cómo el sistema informático de reparto funcionaba correctamente, se contempló que existían ciertas deficiencias en la mecánica llevada a cabo por uno de los funcionarios. En la gran mayoría de las alteraciones localizadas, se observó que existía relación directa con un determinado bufete, conformado por dos abogados pertenecientes al Colegio de Abogados de Gipuzkoa. Estas manipulaciones se habrían venido llevando a cabo desde el año 2015.

Dado que el ratio de anulaciones del citado funcionario no tenía parangón con el resto de compañeros, se presumió la existencia de un acuerdo entre el empleado público y el despacho de abogados de forma que determinados casos que llevaba este bufete recayesen en las salas deseadas.

En el transcurso de la investigación se comprobó también "la existencia de comunicaciones entre uno de los abogados y el funcionario, que habían entablado numerosas conversaciones telefónicas en el último año", según la Ertzaintza que constató "cómo en los últimos años el funcionario disponía de una fuente de ingresos monetarios no justificada".

Finalmente, el pasado día 6 de junio de 2018 la Sección Central de Delitos Tecnológicos de la Ertzaintza desplegó un operativo en San Sebastián, en colaboración con la Sección Central de Delitos Económicos, el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa, la Unidad Canina, la Ertzainetxea donostiarra y la de Hernani.

Fruto de este operativo se practicaron varias Entradas y Registros en las que se incautaron "evidencias tecnológicas, diversa documentación y dinero en efectivo" y se detuvo al funcionario de la Administración de Justicia, de 51 años, y dos abogados, ambos de 52 años como presuntos autores de delitos de cohecho, daños informáticos, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

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