Cualquier persona que fallece en la capital tiene un entierro digno con ataúd y nicho propio, aunque no pueda costeárselos. La Empresa Municipal del Cementerio tiene en vigor un convenio con el área de Bienestar y la asociación de funerarias de Granada que garantiza la prestación a las personas sin recursos.

De hecho, el Ayuntamiento cubre cada año los gastos del entierro (unos 1.200 euros) de una veintena de indigentes o ciudadanos que no disponen de liquidez o bienes que permitan costear la inhumación.

El proceso para obtener la prestación de beneficencia tiene dos caminos. En el caso de los mendigos, no hay duda. «El hospital o el juzgado se pone en contacto con nosotros y la persona obtiene automáticamente el servicio gratuito del Ayuntamiento», comenta el gerente de Emucesa, José Antonio  Muñoz. Sin embargo, hay otros en los que sí existe familia conocida del fallecido, que alega no disponer de dinero para poder sufragar el entierro del familiar.

En estas situaciones, la familia ha de demostrar que, tanto ella como la persona fallecida, es realmente insolvente.

Trampas

En un mes deben presentar documentos que lo acrediten y un informe de un trabajador social del Ayuntamiento, Junta de Andalucía o del juzgado. «Esto se hace para evitar posibles trampas», añade Muñoz.

Una vez demostrado, se otorga la prestación, que incluye  féretro, traslado al cementerio, papeleo, depósito en la cámara frigorífica, servicio religioso, inhumación y un nicho por cinco años –los restos pasan después a una fosa común–. Eso sí, no hay  lápidas ni crucifijos.