El Gobierno del Reino Unido ha llevado a consulta una propuesta de ley que permita multar con hasta 500.000 libras (equivalente a 572.000 euros) a los directores de empresas que realicen llamadas comerciales no deseadas a los ciudadanos.

Este hecho se ha convertido en un problema mayor en el país británico, donde está prohibido. Pese a ello, hasta este momento solamente se multaba a las compañías infractoras, que a veces optan por declararse en bancarrota para no pagar la cuantía por la sanción.

La propuesta, sometida a consulta de las partes interesadas antes de ser llevada al Parlamento, daría más competencias a la Oficina del Comisariado de Información (ICO, en inglés), que sería la encargada de multar a los directores de las compañías.

Margot James, secretaria de Estado de Industrias Digitales y Creativas, ha calificado a las llamadas indeseadas como "una lacra para la sociedad", asegurando también que el Gobierno "está decidido a erradicarlas".

James continuaba su declaración, afirmando que "durante demasiado tiempo, una minoría de directores de empresa han eludido la justicia al liquidar sus compañías y volver a abrir bajo un nombre diferente".

Esta postura era recogida también en el perfil oficial del Gobierno conservador en la red social Twiter. "Estamos haciendo que los jefes de las compañías que molesten a las personas con llamadas incómodas se hagan responsables si su empresa rompe la ley", rezaba el tuit publicado.

Por otro lado, Steve Wood, adjunto de la ICO, ve con buenos ojos la propuesta de "introducir un cambio en la ley para disuadir a aquellos que deliberadamente se proponen molestar a la gente con llamadas, textos y correos" comerciales no deseados.

La ICO ha emitido multas por valor de 17,8 millones de libras (20,3 millones de euros) desde 2010, de las cuales ha conseguido cobrar un 54 %, según datos oficiales.