Desarrollo Rural ha ralizado contratos con 18 empresas por valor de 57.150 euros para paliar y reparar los daños causados por los desbordamientos del río Ebro en abril de 2018, a lo que hay que sumar las actuaciones de emergencia llevadas a cabo por la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) por encargo del Departamento, que ascendieron a 89.452 euros.

Entre los días 13 y 17 de abril de 2018 se produjeron en Aragón las inundaciones originadas por una avenida extraordinaria del río Ebro. La acumulación de precipitaciones producidas en la cuenca del Valle del Ebro entre los días 6 y 12 de abril sumado al estado de saturación del suelo después de una primavera muy húmeda, provocó que los caudales del río llegaran a alcanzar los 2.037 metros cúbicos por segundo en la ciudad de Zaragoza y 2.682 metros cúbicos por segundo en Castejón.

Los efectos de estos caudales extraordinarios fueron la rotura de motas y el desbordamiento del Ebro en numerosos puntos provocando importantes daños en cultivos, explotaciones ganaderas, infraestructuras viarias e infraestructuras de riego.

Con el fin de proteger a personas y bienes, fue necesario durante los días de las inundaciones y durante los días posteriores emprender, en coordinación con el dispositivo de emergencias implantado por el Gobierno de Aragón a través del 112 y Protección Civil, la ejecución de diferentes actuaciones de emergencia competencia del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

RIBERA

Los daños se extienden a lo largo de la ribera del río Ebro a su paso por la provincia de Zaragoza, afectando en mayor o menor medida a todos los municipios, siendo relevantes las actuaciones llevadas a cabo en los municipios de: Alcalá de Ebro, Villafranca de Ebro, Pina de Ebro, Boquiñeni y Remolinos.

Para reparar los daños causados, se procedió a ordenar la ejecución de los servicios, mediante el trámite de emergencia, de las actuaciones necesarias, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, que permite la utilización de dicha tramitación cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimiento catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidad que afecten a la defensa nacional.