La Asociación Española de Neuropsiquiatría (profesionales de la salud mental), la confederación que aglutina a los familiares de personas con enfermedad mental, —Salud Mental España— y asociaciones de pacientes como En Primera Persona o Fundación Veus han pedido al Comité de Bioética del Consejo de Europa que, en su reunión prevista para esta semana, no ratifique el proyecto de protocolo sobre protección de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales que legitima los "ingresos y tratamientos involuntarios".

Amparándose en su "dilatada experiencia", estas organizaciones rechazan el protocolo "en los términos en los que actualmente está formulado", porque "su eventual aprobación permitiría legitimar los sistemas de salud mental que actualmente actúan como telón de fondo para abusos y violaciones de derechos humanos", han denunciado en un comunicado. Consideran "grave" que una reunión pensada para promover que los Estados revisen sus prácticas en salud mental mantenga el estatus quo de medidas "coercitivas".

El borrador de protocolo sobre salud mental que previsiblemente aprobará el Comité de Bioética del Consejo de Europa dice, explícitamente, que "se debe hacer todo lo posible para promover alternativas a las medidas involuntarias. No obstante, considera que, en situaciones excepcionales en las que existe riesgo de daños graves para la salud de la persona interesada o de terceros, y en ausencia de alternativas, las medidas involuntarias podrían justificarse bajo estrictas condiciones de protección. Por esta razón, las medidas involuntarias en psiquiatría continúan siendo provistas en las leyes de los Estados miembros y aplicadas regularmente".

El texto considera que "reforzar las salvaguardias necesarias sería esencial para garantizar que las medidas involuntarias sean excepcionales y se utilicen como último recursos a falta de alternativas" y ve necesario elaborar de forma "complementaria" directrices para reducir las medidas involuntarias.

Las organizaciones de pacientes, familiares y profesionales movilizadas en España denuncian que este protocolo europeo entra en contradicción con la Convención de la ONU para las personas con discapacidad y además "confunde coerción y cuidados". También consideran que los argumentos esgrimidos en la defensa de los ingresos hospitalarios contra la voluntad de los pacientes "forman parte del pasado y son contradictorias con la evidencia creciente de las alternativas existentes". En su opinión, "el uso de medidas coercitivas causa más daño, exclusión y aislamiento del que la persona pudiera sufrir, aumentando el riesgo de padecer problemas adicionales".

Águila Bono, vocal de la junta de la AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría), explica que los ingresos involuntarios suelen "llevar aparejado el uso de otros medios coercitivos como la contención mecánica, el uso de medicación forzosa o el aislamiento, entre otras prácticas". Nel González Zapico, de Confederación Salud Mental, cree que hay que cambiar "la inercia del sistema" porque este tipo de medidas "no es terapéutica, ni útil y además tiene efectos negativos a la larga".

La AEN ha realizado un estudio sobre las prácticas coercitivas en la salud mental, que concluye que en casi toda Europa se siguen aplicando procedimientos coercitivos como tratamiento ambulatorio obligatorio, la medicación forzosa, la contención física y química, ingresos involuntarios y el aislamiento, prácticas que consideran "frecuentes" en España, donde los ingresos involuntarios siguen estando permitidos legalmente, bajo visado judicial.

Las asociaciones solicitan a nivel nacional un registro de ingresos involuntarios, como primer paso para poder afrontar el problema. "Cada hospital conoce cuántos ingresos y por qué motivos se realizan, pero lo suyo sería monitorizar sus efectos, única manera de saber cómo impacta en el tratamiento y la vida de las personas".

Este mes de febrero el Comité de Bioética de España ya solicitó la derogación del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para acatar la Convención de la ONU sobre la dignidad de las personas discapacitadas. En su último examen interno a España, Naciones Unidas también pidió: revisar sus disposiciones legislativas que autorizan la privación de libertad por motivos de discapacidad, incluidas las discapacidades mentales, psicológicas o intelectuales; derogar las disposiciones que autorizan el internamiento forzoso y adoptar medidas para que los servicios médicos, incluyendo los de la salud mental, se basen en el consentimiento otorgado con conocimiento de causa por el interesado.

Por su parte, el Comité de Bioética de Cataluña ha considerado un avance en los derechos el protocolo que se pretende aprobar en el Consejo de Europa, pero previene de ciertas contradicciones con la convención de la ONU y avisa de que se debería aclarar mejor el contenido referido a los ingresos y tratamientos involuntarios.