Más de un centenar de entidades, la mayoría colectivos de mujeres, pero también partidos políticos y sindicatos, han presentado en València una denuncia dirigida a la Fiscalía General del Estado para que investigue la filtración de datos de la víctima de la "jauría" de La Manada, una iniciativa que, a través de Alerta Feminista, en apenas cinco días ha ido sumando apoyos en todos los territorios porque se han "triturado" los derechos de la denunciante.

El objetivo es, según ha explicado a los medios Herminia Royo, portavoz de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valencià, "mostrar nuestra fuerza y decirle al patriarcado que no estamos dispuestas a tolerar estas conductas" ya que el artículo 198 del Código Penal establece penas de hasta siete años de cárcel para los responsables de filtraciones.

La acción va dirigida tanto a los medios de comunicación que difundieron los datos como a las personas individuales que se hicieron eco de ellos. Asimismo, Raquel Gaspar, activista feminista y fotoperiodista, que firma la denuncia, pide depuración de responsabilidades en la propia justicia por la inclusión en la sentencia del código de verificación que ha permitido el acceso a los datos. "La primera responsable subsidiaria que hay es la Justicia, el tribunal de Navarra", señala

En el texto se especifica que tras la sentencia de La Manada "hemos asistido a la publicación de forma masiva y sucesiva de multitud de datos personales de la víctima", tanto por medios de comunicación como por usuarios de redes sociales en internet, donde en Twitter se han llegado a suspender dos perfiles por infracción de las normas de uso.

Para Gaspar, la publicación de datos personales de la víctima extraídos de las redes sociales o del código de verificación que estaba en la propia sentencia del tribunal de la Audiencia de Navarra supone un "trato denigrante y vejatorio" no solo para ella sino para todas las mujeres.

A su juicio, "estamos en el siglo XXI y los poderes judiciales son un arma más de revictimización y muchas mujeres tienen más miedo de acudir a un juzgado que al propio maltratador". Así, ha hecho alusión también al crimen de Castrogonzalo (Zamora), donde un menor ha sido detenido por su presunta implicación en la muerte de una mujer de 33 años.

"La presunta justicia no lo va a considerar violación, pero está clarísimo que la intencionalidad era violarla y se negó y con piedras la asesinó", ha dicho, para recalcar: "Si no te resistes y te quedas en shock, eres acusada por parte de la propia sociedad machista y el tribunal de puta o guarra, según los términos que se usan en la red; si te resistes pierdes tu vida".

"Están triturando los pocos derechos de la víctima de La Manada y de todas las que denuncian en este país, una cada seis horas", sostienen las portavoces de la iniciativa, que lamentan que a los mujeres "no se nos creen y por eso las denuncias por violencia machista suponen un 20% del total".