El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un proyecto de ley que busca que la persona que contrata un seguro o un reaseguro tenga más información sobre los costes y los riesgos y que también refuerza el régimen de infracciones y sanciones para los mediadores y corredores que no cumplan las normas.

El Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros es una transposición de una directiva europea y, tras su aprobación este viernes por el Gobierno, pasará ahora al trámite parlamentario para dar luz verde a una norma que busca aumentar la protección de los asegurados y también una reordenación del mercado de seguros en condiciones de competencia equitativa, según informó el Ministerio de Economía, responsable del proyecto de ley.

La norma afecta a los consumidores en cuanto a contratantes de un seguro y también a los 3.200 corredores de seguros y 77.000 agentes de seguros que operan en este sector, para el que habrá nuevas indicaciones para asegurar la competencia.

Por lo que respecta a sus efectos sobre los consumidores, la futura ley refuerza las normas de conducta y transparencia. Entre ellas, que la persona que contrate un seguro debe estar informada de "todos los costes y gastos asociados" y el asegurador deberá "advertirle sobre los riesgos" de los productos de inversión sobre basados en seguros.

También se deberá informar al cliente de las estrategias de inversión que le proponga la entidad mediadora del seguro y proporcionarle "una evaluación periódica" de la idoneidad de este producto.

Además, la futura norma introduce el concepto de "ventas vinculadas y combinadas" para los caos en los que el seguro se ofrezca junto a otros productos financieros. En estos casos, el distribuidor de seguros deberá informar de que puede adquirirse de forma separada, así como de los costas y gastos de cada parte del paquete.

Antes de llegar al cliente, los distribuidores de seguros que diseñen sus propios productos para la venta deberán cumplir unas normas de "diseño, aprobación y control" de los mismos, bajo pena de un régimen de infracciones y sanciones que con la nueva ley también se verá reforzado, "con una subida notable de las sanciones actuales".

En el ámbito profesional, el Gobierno propone ampliar el catálogo de personas y entidades que pueden dedicarse a vender seguros. Además de los mediadores tradicionales, que son agentes y corredores, se considerará distribuidores de seguros y reaseguros a entidades aseguradoras y reaseguradoras, mediadores de seguros complementarios y operadores de seguros.

La norma también les permitirá operar a través de páginas web u otras técnicas de comercialización a distancia y propone reforzar los requisitos de profesionalidad y competencia de los mediadores y de empleados en entidades aseguradoras que intervengan en la distribución de seguros, para asegurar que conocen la complejidad de su actividad.