El abogado de Alperi se ha adherido, así, a la petición de absolución planteada por la defensa de uno de los dos empresarios, Antonio Solana, y a la que se han sumado los letrados del resto de las defensas.

Asimismo, tanto las defensas de Alperi como de Solana han solicitado limitar su presencia en las sesiones del juicio en las que tengan que prestar declaración. En el caso del exalcalde por razones de salud, en el del empresario por tener su domicilio en Madrid.

Frente a ello, el abogado del Estado y el fiscal han negado la existencia de vulneración de derechos fundamentales por "autoinculpación" o "autoincriminación" y han sostenido que la presencia de los empresarios es "ineludible" y "obligatoria" mientras que para Alperi, el fiscal, se ha remitido a un informe del médico forense sobre su estado de salud.

Finalmente, el magistrado ha resuelto las cuestiones y ha precisado que los acusados deberán asistir a todas las sesiones del juicio y ha anunciado que las cuestiones previas sobre vulneración de derechos se resolverán en la sentencia. Así, ha dado por terminada esta primera sesión y ha citado a las partes a la reanudación del juicio el próximo 21 de mayo.

El Juzgado de lo Penal número 6 de Alicante ha iniciado así la primera de las sesiones del juicio contra el exalcalde de Alicante; los empresarios Antonio Solana, Antonio Moreno y Javier Palacio y las sociedades Taller de Contabilidad S.A., Andrarx Business S.L. y Birmingan Iversiones S.L

El magistrado Eugenio Alarcón juzga si el exalcalde de Alicante pudo cometer fraude fiscal en los años 2007, 2008 y 2010 al eludir el pago de 682.681 euros del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), avalado por las tres sociedades.

El ministerio fiscal y la Abogacía del Estado, en nombre de la Agencia Estatal Tributaria, piden a Luis Díaz Alperi nueve años por tres delitos fiscales y nueve meses de cárcel por el cohecho impropio. A Antonio Solana y Antonio Moreno le acusan de dos delitos fiscales por los que le piden seis y tres años de prisión, respectivamente. A Javier Palacio, responsable del puerto deportivo, le atribuyen cohecho impropio por el que le piden, también, nueve meses.

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