El frente de makos o de cárceles de ETA, constituido sucesivamente por los órganos Halboka y KT/Koordinazioa Taldea, es la última gran estructura de la banda terrorista que queda por juzgar tras el proceso a 35 miembros de las ilegalizadas Batasuna, PCTV y ANV, que se saldó en 2016 con un acuerdo de conformidad que les permitió eludir la prisión.

El caso Halboka (acrónimo en euskera de "Rompiendo las Paredes, Pronto los Luchadores a la Calle") llevó en 2010 a la detención, entre otros, de la abogada de presos etarras Arantza Zulueta, que tras quedar dos años después en libertad volvió a ser arrestada en 2014 en la operación Jaque por integrar el órgano etarra "KT", un reconstituido frente de cárceles.

Esta renovada estructura, diseñada por la banda con ayuda de sus abogados habituales para mantener la cohesión de sus presos, actuaba, según la Fiscalía, bajo la cobertura de organizaciones como el colectivo de abogados BL, el de apoyo a presos Herrira, el de familiares de presos Etxerat o la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi.

A la operación Jaque, le siguió en 2015 Mate con la detención de otros doce abogados y cuatro tesoreros de Herrira, cuyas actividades habían sido ya suspendidas por orden judicial, lo que provocó casualmente el aplazamiento del inicio del juicio a Batasuna, al haber sido arrestados tres letrados de la defensa el mismo día en que comenzaba la vista.

Tras pasar tres años en prisión preventiva, Zulueta quedó hace un año en libertad provisional y está a la espera de ser juzgada por estas dos causas, tramitadas en sendos procedimientos distintos, pese a los intentos de los procesados de unirlos en uno solo.

Fuentes jurídicas consultadas creen que el juicio por el caso Halboka es el que más posibilidades tiene de celebrarse antes y calculan que podría ser a finales de este año, ya que solo queda pendiente de resolver una cuestión previa planteada por uno de los nueve acusados, que alega que ya fue condenado en Francia por un delito análogo por el que ahora se le quiere juzgar.

En cuanto a que se llegue a alcanzar un acuerdo de conformidad como ocurrió con los miembros de Batasuna, desde la Fiscalía y la AVT, que ejerce la acusación popular en este caso y que en aquella ocasión apoyó el pacto, descartan que en esta ocasión se vaya a producir.

En virtud de ese pacto, la Fiscalía redujo los diez años que pedía para los 35 acusados —entre ellos históricos exdirigentes de Batasuna como Pernando Barrena o Juan José Petrikorena— a penas que no superaban los dos años de cárcel, algo que creen improbable que se pudiera alcanzar con respecto a los integrantes del frente makos.

En el caso Halboka, además de Zulueta, para quien el fiscal José Perals pide 19 años de cárcel por integración y tenencia de explosivos (en relación a un plano de zulos de ETA que se le intervino en su despacho), otro de los principales acusados es el abogado Jon Enparantza, que se enfrenta a una petición de 12 años.

También está procesado por este caso el senador de EH Bildu Iñaki Goioaga al apreciar el Tribunal Supremo, por tratarse de un aforado, que "al igual que los demás integrantes del grupo, desarrollaba una participación activa mediante las visitas en los centros penitenciarios a los presos que permanecían en la órbita de ETA".

La estrategia de defensa de Zulueta, según entiende la AVT, siempre ha pasado por dilatar el juicio de Halboka para ser juzgada en primer lugar por el de "KT", al haber más posibilidades de quedar absuelta por este caso por contar con menor cantidad de pruebas, lo que le permitiría invocar después el principio de non bis in idem (no ser juzgado dos veces por un mismo delito).

Sin embargo, la causa sobre "KT", que cuenta con 46 procesados que se enfrentan a una petición fiscal de 600 años en total, y que la Fiscalía ha tratado que sea juzgada después que Halkboka, tardará algo más en llegar a juicio.

Como también tardará en ser juzgada la causa a exdirigentes de ETA por lesa humanidad, otro de los grandes casos que permanecen abiertos tras la admisión a trámite en 2015 de una querella de Dignidad y Justicia en la que se califica lo ocurrido en el País Vasco de "ataque sistemático contra una parte de la población civil".

El último paso para sentar en el banquillo a la cúpula etarra lo ha dado la jueza Carmen Lamela, que ha propuesto llevar a juicio a tres históricos dirigentes de ETA por su responsabilidad en los asesinatos o secuestros perpetrados desde el 1 de octubre de 2004, cuando entró en vigor en España la figura jurídica de lesa humanidad.

Se trata de Garikoitz Aspiazu, Txeroki; Mikel Carrera Sarobe, Ata, y Ángel Iriondo, Gurbitz; todos ellos presos en Francia, circunstancia que, según las fuentes, ya de por sí dificulta saber cuándo y de qué manera se celebrará este juicio.

Por el delito de lesa humanidad también está procesado Josu Ternera, protagonista del comunicado en el que ETA ha anunciado su disolución y que se encuentra huido desde 2002, por lo que hasta que no sea detenido no se le podrá sentar en el banquillo por este caso y el que tiene pendiente por haber dado la orden de atentar contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que causó la muerte a once personas, entre ellas cinco niños.