En la misiva, el director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales del Gobierno, Enrique Lasso de la Vega, se dirige la directora general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado de la Generalitat Valenciana, Daria Tarradez, para defender la Comisión Bilataral Estado-Generalitat -un cauce de cooperación previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional- como el instrumento que "permitiría la búsqueda de una solución adecuada a fin de evitar el recurso de inconstitucionalidad".

El director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa, ya manifestó recientemente que la "amenaza de inconstitucionalidad" del Estado al pacto valenciano de horarios comerciales "no tiene justificación", primero porque hace referencia a "aspectos muy menores" de la norma y en segundo lugar porque está "muy claro" que está "dentro" de la norma constitucional y "dentro" de las competencias de la Generalitat.

Precisamente para despejar las "dudas suscitadas" al respecto, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Generalitat elaboró un informe que llevará a la citada Comisión Bilateral en el que defiende la norma autonómica y argumenta jurídicamente cada uno de los puntos que el Gobierno central pone en cuestión.

El Gobierno se discrepa de que la normativa autonómica pueda determinar que los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 9 de octubre y el 25 de diciembre "no puedan ser aperturables y argumenta que, según el artículo 4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, las CCAA podrán determinar qué domingos y festivos podrán permanecer abiertos, con un mínimo de diez, pero no ampara la facultad de determinar los que no podrán ser habilitados a efectos comerciales.

No obstante, el documento elaborado por la Dirección General de Comercio recuerda que en la fase de exposición pública no se recibieron alegaciones en contra de las organizaciones representativas de los intereses de los consumidores y usuarios.

En este punto, Costa recordó una sentencia del Tribunal Constitucional -la 221/2016, del 15 de diciembre de 2016, en un caso análogo sobre el Decreto-ley de Cataluña 4/2012 de medidas en materia de horario comerciales y determinadas actividades de promoción- que "sí habilita la competencia autonómica para determinar que esos días no sean aperturables".

Para el director general de Comercio y Consumo "no tiene sentido la argumentación que hace (el Gobierno) de que esos días de gran atractivo comercial, pues de todos es conocido que son días de pasar en familia". "Tampoco se puede defender desde el punto de vista de la gran afluencia turística, ya que "sobre todo la campaña de Navidad no se caracteriza por ser de gran afluencia turística sino que la gente tiende a volver a su lugar de origen a pasar la navidad y Reyes en familia". "Por tanto, no se sustenta desde ningún punto de vista", agregó.

El Gobierno plantea también sus dudas respecto que la norma autonómica determine que se puedan revisar las Zonas de Gran Afluencia Turísticas (ZGAT) cada cuatro años, prorrogables por idéntico período. Según Costa, "tampoco está justificada porque la propia Ley estatal determina que las ZGAT estarán vigentes mientras duren las circunstancias que dieron lugar a su declaración".

Para Costa, "queda claro que tenemos que tener algún mecanismo en la CCAA para comprobar que los criterios se mantienen, se cumplen y por tanto cada cuatro años los ayuntamientos habrán de acreditarlos".

"TRASFONDO POLÍTICO SIN NINGÚN SENTIDO"

En opinión del director general de Comercio y Consumo de la Generalitat, Natxo Costa, "esto tiene un trasfondo político que no tiene ningún sentido". "Después de que el sector haya llegado a un acuerdo prácticamente unánime, tras muchos meses de trabajo y muchas reuniones, ahora resulta que el Gobierno del PP impugna un acuerdo en contra del acuerdo y de los intereses de las empresas valencianas y sus trabajadores y de la propia Generalitat".