El diputado del PP en Les Corts José Císcar interpuso un recurso contra la resolución de la Conselleria de Agricultura en la que se le denegaba la información sobre el citado proyecto, en el que se sustentaba la línea nominativa de 140.000 para esta mercantil incluida inicialmente en el Proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2016, que finalmente fue sustituida por una línea genérica de 500.000 euros para convenios con mataderos.

Una sentencia de 28 de febrero de 2017 reconoció el derecho del diputado a recibir esa información, señalando que se le impidió el legítimo derecho de sus funciones. Agregaba entonces que "no es posible que el Consell apruebe un anteproyecto de presupuestos y lo remita a Les Corts con una línea en favor de una empresa privada de 140.000 euros y que Agricultura diga que no existe ningún programa piloto ni informe ni documentos en la Conselleria".

Un auto de 22 de diciembre desestimaba la petición de imposibilidad de ejecución de sentencia instada por la Generalitat y Abogacía de la Generalitat interpuso un recurso de reposición, alegando que se ha acreditado ante la sala que es "materialmente imposible la entrega de ninguna otra documentación distinta de la ficha FP7", es decir, la ficha presupuestaria que recogió en un primer momento esa subvención.

El TSJCV estima el recurso porque el informe del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca indica que en los archivos de la Conselleria no consta ningún proyecto a desarrollar por Carns de Morella SL ni ningún informe administrativo que valore el interés público del citado proyecto, ni ninguna otra documentación referida al mismo.

"Se constata que, en efecto, la Conselleria demandada carece de la documentación que se requirió por la parte actora, lo que determina la causa de imposibilidad material de ejecución de la sentencia firme", concluye la sala en un auto contra el que cabe recurso de casación.

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