Sindicatos de justicia y representantes de la Xunta han vuelto a sentarse más de 20 días después del último encuentro, el pasado 26 de marzo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita desbloquear la huelga indefinida que, desde hace más de dos meses, ha provocado el aplazamiento de miles de juicios y trámites jurídicos en Galicia.

Antes de entrar en la reunión, que poco después de su arranque ya ha tenido un primer receso, José Antonio Sotelo (CSIF), ha asegurado que el comité de huelga confía en que los representantes de la Xunta traigan "una oferta real, contundente y que sea verdaderamente aceptable".

Si esto ocurre, tanto Sotelo (CSIF) como Manuel González Carvajal (UGT) han asegurado que se llevará a las asambleas de trabajadores porque "llegado el momento ya tienen que ser los propios compañeros los que decidan.

"Venimos con ánimo de negociar y, si en algún momento hay necesidad, se pedirá un receso, se votará y se decidirá si bajamos o no. Los compañeros, en toda Galicia, nos dejaron flexibilizar y negociar y es lo que vamos a hacer", ha trasladado el representante sindical del UGT.

No en vano, los sindicatos son conscientes de los efectos de la huelga para el conjunto de la sociedad y también para su propio colectivo, ya que el impacto de los descuentos por el paro se ha hecho sentir con fuerza en las últimas nóminas.

Mantienen que el seguimiento es "muy alto" en la jornada número 71 del paro, aunque la Xunta lo sitúa por debajo del 28 por ciento.

MODIFICACIONES DENTRO DEL ÚLTIMO MARCO ECONÓMICO

Siguiendo el guión de los últimos encuentros, encabezan la negociación por parte de la Xunta la secretaria xeral técnica de Vicepresidencia, Beatriz Cuíña; el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, y el director xeral de Xustiza, Juan José Martín.

Precisamente, en declaraciones a los medios, antes de entrar, Martín ha remarcado que el conflicto está ahora enquistado fundamentalmente en la parte económica y se ha abierto a "escuchar" y "modificar" la última propuesta de la Administración, pero "dentro del marco económico" que ha sido planteado.

Preguntado acerca de si podría haber flexibilidad en las anualidades, el director xeral ha replicado que es "una cuestión interna que se debe tratar con ellos y que son ellos los primeros que lo deben saber". "No vamos a anunciarlo antes de entrar en la reunión", ha apostillado.

De hecho, preguntado por la última oferta de la Xunta, Nilo Fernández (SPJ-USO), ha transmitido a los medios que si esa propuesta "es para 2018 podría ser trasladable". "Pero ahora mismo la Xunta hace una oferta a tres años con un porcentaje del 35 por ciento para 2018. Repetimos una vez más que nosotros lo que queremos es acabar con la discriminación en el año 2018 si es posible", ha zanjado.

PROPUESTAS

En concreto, el marco económico al que en las últimas semanas se ha referido la Xunta y que identifica con su última propuesta económica se traduciría en una subida salarial mensual de 135 euros al mes para forenses, 133 para gestores, 108 para tramitadores y 105 para cuerpos de auxilio -aplicable en tres anualidades-.

El Gobierno gallego reivindica que esta oferta (que se aplicaría al complemento autonómico transitorio del personal de justicia), sumada al incremento pactado en Madrid para todos los empleados públicos, supone una subida de un 14% -más de 300 euros más al mes-.

El comité de huelga, que ha rechazado por insuficiente este planteamiento, rebajó su exigencia de 190 a 180 euros lineales para todos los cuerpos con efectividad en dos anualidades.