Pleno del Ayuntamiento de Barcelona.
Imagen de un pleno del Ayuntamiento de Barcelona. EUROPA PRESS

Las entidades ciudadanas han calificado de "ilícito" el voto del plenario de Barcelona del pasado 10 de abril en que se rechazaron las preguntas propuestas por las entidades a la multiconsulta. Las entidades argumentan que la mayoría de grupos "incumplieron" el Reglamento de Participación Ciudadana, aprobado el 2017.

Estas, formadas por las iniciativas para la remunicipalización del agua y el cambio de nombre de la plaza Antonio López, con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), explican que no se podía votar en contra de la multiconsulta si se conseguían un mínimo de firmas o si no había motivos de ordenamiento jurídico.

En este caso, aseguran que no había ninguno de estos motivos y que se habían recogido más de 40.000 firmas. Por eso, las iniciativas ciudadanas han iniciado hoy el proceso para "invalidar la decisión ilegítima del Pleno", y de este modo, piden a los grupos municipales que se "retracten" y que se pueda celebrar un nuevo pleno en el que sean sometidas de nuevo las consultas.

El Ayuntamiento de Barcelona defiende que aún no se ha resuelto paralizar la adjudicación de la 'multiconsulta'

Fuentes del Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona han asegurado a Europa Press que el Juzgado contencioso-administrativo 17 de Barcelona aún no ha resuelto paralizar la adjudicación de los servicios técnicos de la 'multiconsulta' como medida cautelar a raíz de la demanda interpuesta por la Associación per la Transparencia i la Qualitat Democràtica (ATQD).

"Es falso que el Juzgado haya estimado la medida cautelar de la suspensión solicitada por dicha asociación", y ha sostenido que la diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia se limita a admitir el trámite de solicitud, no a estimarla, otorgando un plazo de diez días al Ayuntamiento para oponerse.

Asimismo, las mismas fuentes han apuntado que la ATQD deberían plantearse si están efectuando un "abuso de derecho" sumando actuaciones y recursos contra un contrato de servicios para efectuar la 'multiconsulta' que son, desde un punto de vista jurídico, incompatibles entre sí.

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