Así lo recoge el informe de actividad de la institución que ha entregado este viernes la valedora, Milagros Otero, al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, y que, posteriormente, ha detallado ante los medios de comunicación.

En cifras generales, las actuaciones de atención a la ciudadanía que realizó la institución en 2017 (quejas, atención telefónica y presencial), fue de 34.415. De ellas, 29.365 dieron lugar a expedientes de queja, lo que permitió al alto comisionado parlamentario investigar un total de 2.359 situaciones problemáticas.

Estas cifras son significativamente inferiores a las del año 2016, en las que el Valedor alcanzó el record de 64.937 actuaciones, en parte debido al elevado volumen de consultas generadas por el Hospital Álvaro Cunqueiro.

AUMENTO EN EL RURAL

Sobre las actuaciones de 2017, Milagros Otero ha destacado el aumento "exponencial" de quejas recibidas desde ámbitos rurales, que pasaron del 0,01% del año anterior al 12% de las recibidas en 2017.

Durante el año pasado, la institución admitió el 98% de las quejas aportadas por la ciudadanía y se emitieron más recomendaciones que en ejercicios precedentes, un total de 106. En el 76% de los casos, las administraciones afectadas aceptaron la resolución.

Del mismo modo, Otero ha destacado que se produjo un "salto cualitativo" en la llegada de quejas por vía electrónica (desde la página web del Valedor do Pobo y por correo electrónico), al pasar del 3 por ciento en el ejercicio anterior al 12 por ciento.

POR ÁREAS

Por áreas, las quejas presentadas se fundamentan sobre todo en áreas como sanidad y corporaciones locales, que acaparan en cada caso un 12 por ciento del total, seguidas por los servicios sociales, con un 10%.

En relación a las quejas grupales, la más numerosa, promovida por 13.000 personas, trasladó a la institución la petición de una reforma constitucional para garantizar la revalorización y la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Por administraciones implicadas en las reclamaciones, el 74,5% de las quejas afectaron a órganos de la administración autonómica (en 2016 habían ocupado el 98%), el 23% a ayuntamientos (año anterior el 1,5%) y algo más del 2% a las universidades gallegas (en 2016, el 0,03%).

(Habrá ampliación)