Ocurrió en Japón entre los años 1948 y 1996: la ley de protección de la eugenesia autorizaba la esterilización de personas con discapacidades o enfermedades hereditarias, así como practicar abortos, con el objetivo de evitar nacimientos de una descendencia "inferior". Bajo esta ley, 25.000 personas fueron esterilizadas durante esos años por discapacidades físicas, mentales o por enfermedades como la lepra, con el argumento de que se trató de medidas legales bajo dicho marco normativo.

De ese total, en torno a 16.500 personas fueron esterilizadas sin consentimiento. Es el caso de mujeres como Junko Iizuka o Yumi Sato, cuyos testimonios recoge ahora el diario británico The Guardian, que no aporta los nombres reales de las afectadas para proteger privacidad de las víctimas.

Junko Iizuka tenía 16 años cuando fue llevada a una clínica al noreste del país para ser operada. Era el año 1963. "Me dieron anestesia y no recuerdo nada. Cuando me desperté, estaba en una cama y vi un fregadero. Quería tomar un poco de agua, pero me dijeron que no podía beber", recuerda. Más tarde supo la aterradora verdad: le habían ligado las trompas uterinas porque sospechaban que tenía una discapacidad mental. "Fui a Tokio para ver si podía invertir la operación, pero me dijeron que no sería posible. Me robaron la vida", sostiene.

A Yumi Sato le ocurrió algo similar cuando tenía 15 años, en 1972. Su cuñada Michiko ha contado a The Guardian cómo esta esterilización forzada arruinó sus perspectivas de matrimonio. "Cuando tenía unos 22 o 23 años hablaba de matrimonio, pero cuando dijo que no podía tener hijos, la persona que se lo había propuesto dijo que no quería casarse con ella. En ese momento, lo normal era que te casaras para tener hijos, así que era difícil casarse si no podías", explica Michiko, que ha vivido con su cuñada durante más de 40 años.

El pasado mes de enero, Sato, originaria de Miyagi (al este del país), presentó la primera denuncia de este tipo contra el Gobierno nipón por haber sido esterilizada a la fuerza cuando era adolescente debido a un diagnóstico de "debilidad mental hereditaria", según los datos oficiales. Sin embargo, su familia no está de acuerdo con esta versión, y argumenta que la afectada sufrió daños cerebrales porque cuando era niña se le administró demasiada anestesia al ser sometida a una cirugía por paladar hendido.

En su denuncia, presentada en el Tribunal del Distrito de Sendai, la mujer reclamaba 11 millones de yenes (unos 81.640 euros) como compensación por los daños sufridos, y afirmaba que el Estado no había tomado medidas para reparar las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron en base a dicha legislación.

En la primera audiencia, celebrada el pasado 28 de marzo, los representantes del Gobierno pidieron que se desestimara dicha demanda. Se espera que la argumentación del Gobierno nipón en este caso sea que este procedimiento era legal en ese momento.

Los representantes legales de la demandante instaron a otras víctimas de estos casos en el país asiático a presentar denuncias similares a título individual o colectivo, con el objetivo de lograr la compensación de los afectados que aún viven.

El Estado nipón no ha ofrecido hasta la fecha ninguna compensación a los 25.000 afectados por las esterilizaciones o los abortos forzados. Esta normativa, similar a la que aplicaba Alemania durante el nazismo, Suecia hasta mediados de la década de los 70 o algunos estados de EE UU hasta casi los 80, fue revocada en 1996 y sustituida por un reglamento de protección maternal para los abortos. Japón, a diferencia de estos otros países mencionados, no ha pedido disculpas a los afectados.