La Fiscalía de Barcelona investiga al Ayuntamiento de Barcelona por un delito de revelación de secretos, por la cesión de datos del padrón municipal para la multiconsulta ciudadana -sobre el servicio del agua o una edificación de vivienda pública- que el consistorio tiene previsto celebrar el próximo mes de mayo.

Según ha informado un portavoz del ministerio público, la fiscal Ana María Torres ha abierto diligencias a raíz de una denuncia presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática por la licitación de los servicios técnicos necesarios para llevar a cabo la consulta.

La investigación trata de determinar si el Ayuntamiento puede haber incurrido en un delito de revelación de secretos por la licitación de los servicios técnicos necesarios para celebrar la multiconsulta proyectada, que según los denunciantes podría implicar una cesión ilegal de datos del padrón municipal y de menores a la empresa que resulte adjudicataria.

El equipo de gobierno de Ada Colau negocia con los grupos de la oposición el contenido de la multiconsulta, con la que el Ayuntamiento pretende preguntar a los ciudadanos por la construcción de vivienda pública en un solar situado junto al

Hotel Rec Comtal y por la remunicipalización del servicio del agua, entre otras cuestiones.

En la consulta, según el pliego de condiciones, podrán votar los mayores de 16 años empadronados en Barcelona, cuyos datos, advierten los denunciantes, serán cedidos a la empresa a la que se adjudique el proceso junto al del resto de votantes.

El Ayuntamiento de Barcelona ha afirmado este jueves que no tiene constancia de la investigación iniciada en la Fiscalía de Barcelona por presunto delito de revelación de secretos al ceder datos del padrón municipal para la consulta ciudadana de mayo, y ha defendido que la licitación se hizo dentro del marco legal.

Según han explicado fuentes municipales, el reglamento de participación de esta multiconsulta permite participar a menores de 16 años.

La Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica denunció la licitación de servicios técnicos necesarios para llevar a cabo la consulta y la cesión de datos personales.

Las mismas fuentes han afirmado que esta entidad ya interpuso recursos de municipalización del agua en Valladolid: "Sería una muestra más de que Agbar y las multinacionales que hacen negocio con el agua están intentando impedir por todos los medios que se haga la multiconsulta".

Estas fuentes han insistido en que se están poniendo todas las trabas jurídicas posibles para que no se pueda consultar a los vecinos sobre la gestión de un bien público, con lo que "se pone en cuestión toda la cultura democrática de la ciudad".

La investigación trata de determinar si el Ayuntamiento pudo incurrir en un delito de revelación de secretos por licitación, que según la Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica podría implicar una cesión ilegal de datos del padrón municipal y de menores a la empresa que resulte adjudicataria.