La prostitución en España
Las extranjeras captadas por redes de prostitución tardan entre uno y dos años en saldar su deuda (ARCHIVO). ARCHIVO

Martina, rumana de 22 años, vino a España creyendo que iba a trabajar de camarera en un local de Tudela (Navarra). Engañada y maltratada, es obligada a prostituirse. Betty, nigeriana (asegura que es mayor de edad), fue comprada a su familia. Debe prostituirse hasta devolver la deuda de 45.000 dólares que ha costado su ‘adquisición’. Es coaccionada con vudú.

Las mafias controlan 4.000 locales de alterne instalados por todo el país

Amanda, paraguaya de 26 años, sabe a lo que vino a España. Vive en un local de alterne de Cuenca donde vende su cuerpo a diario. Debe pagar el viaje que le costeó una mafia (2.500 dólares), el alojamiento y la comida en el burdel y un porcentaje de sus ganancias al dueño. Lo poco que gane será para su familia.

Tres historias reales que reflejan el mundo de la prostitución en España, un negocio que genera unos 18.000 millones de euros al año y que es controlado por las mafias rumanas, nigerianas, rusas y sudamericanas (que traen a las chicas de Brasil, Argentina, Paraguay y Ecuador).

Estas mafias controlan los 4.000 locales de alterne instalados por todo el país, según fuentes de la Comisaría General de Extranjería. En cada uno de estos "hoteles de 28 días", ya que las meretrices sólo descansan los días que tienen la menstruación, ‘trabajan’ entre 10 y 30 mujeres. Sin olvidar a las que ejercen la prostitución en la calle y en pisos-burdeles (estos últimos, controlados, sobre todo, por las mafias chinas).

80.000 ó 400.000

Es muy difícil calcular cuántas mujeres ejercen la prostitución en España. Al menos unas 80.000 en estos locales de alterne, una cifra que fuentes policiales elevan en total a 300.000, o a 400.000 según Joan Cantarero, ex portavoz de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA) y autor del libro Los amos de la prostitución en España. Lo único claro es que las mafias están controladas por extranjeros, aunque muchos de los burdeles estén dirigidos por españoles.

En 2007 han sido desarticuladas 103 de estas mafias y detenidos 483 proxenetas, el 70%, extranjeros. La operación más importante se realizó en julio. Fueron arrestados 21 miembros de una banda rusa que en tres años había traficado con 6.000 mujeres.

Extranjeras y obligadas

"El 95% de las prostitutas son extranjeras: rumanas, rusas, nigerianas, brasileñas, argentinas, paraguayas, chinas...", según fuentes policiales. De las 3.053 extranjeras liberadas de estas redes en los dos últimos años, un tercio (1.106) eran rumanas. Las españolas suelen ser chicas de ‘alto standing’, la prostitución de lujo, y toxicómanas callejeras. "Son mujeres invisibles para la sociedad. La mayoría vienen engañadas. Y las que saben a lo que vienen, no imaginan las condiciones de semiesclavitud en las que vivirán", señala Rocío Nieto, de la Asociación para la Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituida (91 420 17 08).

Las extranjeras que colaboren frenarán su expulsión

Tienen 30 días para decidir si ayudan a la Policía. La mayoría de las extranjeras que ejercen la prostitución en España no tienen papeles y, por tanto, son detenidas por estancia irregular y expulsadas del país. Sólo si colaboran con la Policía y denuncian a los proxenetas pueden acceder a una residencia temporal por "circunstancias excepcionales".

La mayoría de las extranjeras que ejercen la prostitución en España no tienen papeles

Pocas lo hacen, por miedo a ser precisamente expulsadas o por las amenazas que pueden recibir sus familias si denuncian. Para acabar con este miedo, el Gobierno está ultimando el Plan de Acción Nacional contra la Trata de Mujeres, diseñado por los ministerios de Interior, Trabajo y Justicia.

Este plan impedirá la expulsión inmediata de las meretrices extranjeras y establecerá un periodo de reflexión de 30 días para que una vez detenidas puedan recibir asistencia médica, psicológica y jurídica y decidan entonces si quieren ayudar a la Policía y denunciar a sus explotadores. El Gobierno espera aprobarlo en pocos meses.