El acuerdo judicial alcanzado entre Oleícola Jaén y el Ayuntamiento de Baeza ha pasado por retirar la acusación a la letrada de la empresa y también por suprimir la pena de un año de cárcel que inicialmente se solicitaba, a cambio del pago de multas y de indemnizar al consistorio baezano en 5.000 euros, tal y como ha explicado a Europa Press la alcaldesa, Dolores Marín.

Las partes han ratificado el acuerdo en presencia de la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Jaén por lo que se convertirá en sentencia firme sin posibilidad de recursos. El importe de las multas, según se ha confirmado por la empresa, ya se encuentra abonado.

Los hechos ya sentenciados se remontan al 13 de noviembre de 2014 cuando trabajadores del Ayuntamiento de Baeza, acompañados por Policía Local y Guardia Civil, accedieron a las instalaciones para precintar el troje de alperujo. Los tres procesados rompieron el precinto y fue entonces cuando comenzó la batalla judicial con la interposición de la correspondiente denuncia.

Mientras que Oleícola Jaén resalta el haber alcanzado un acuerdo judicial, la alcaldesa subraya que los dos responsables de la empresa y el trabajador han sido condenados "por un delito y no por una falta", lo que implica que ya "cuentan con antecedentes penales , y además así aparecerá en la hoja del registro histórico penal de cada uno de ellos".

La cuestión no es menor ya que, según Marín, hay otras causas pendientes de juicio por la rotura de precintos y en las que a la hora de dictar sentencia se tendrá en cuenta la reincidencia de los procesados.

Aunque la empresa afirma en un comunicado que "la orujera de Baeza seguirá con su actividad al poder continuar utilizando el antiguo troje", la alcaldesa ha señalado que en el acuerdo "en absoluto entra a valorar cuestiones de carácter contencioso administrativo" y que deberán ser resueltas en esta vía judicial.

Marín ha apuntado también que los tres acusados deberán indemnizar al Ayuntamiento en 5.000 euros, además de correr con las costas judiciales generadas en la causa.

Desde la empresa se sostiene que se ha querido poner punto y final a la vía penal para "así poder utilizar el cien por cien de nuestro tiempo a nuestros numerosos proyectos empresariales, tales como la reconversión de la orujera de Baeza en un jardín del olivar y de una planta de generación eléctrica en Bioland Energy de La Carolina".