Anciano.
Anciano. EUROPA PRESS - Archivo

Canarias fue la Comunidad Autónoma que peor aplicó la Ley de Dependencia en 2017 con una puntuación de 1,8, por delante de Cataluña (2,5) y Baleares (2,1), según el XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia que alerta de que diariamente murieron más de 100 personas en esta situación.

No obstante, el Gobierno ha insistido en un comunicado que el archipiélago ha alcanzado en 2017 el mayor nivel de atención del sistema en toda su trayectoria, con 19.417 personas atendidas, y ha incrementado un 15,2% del número de beneficiarios, reduciendo el limbo de personas no atendidas en 2.691 personas.

Además, la Comunidad Autónoma ha incrementado en casi el 40% el número de beneficiarios y reducido su tasa de desatención en más del 30%, bajando el limbo de personas no atendidas en casi 5.000.

En cuanto a los empleos directos, el dictamen señala que el sistema genera en Canarias 4.385 puestos de trabajo y evidencia un incremento de servicios en 2017 que ha permitido generar 732 nuevos empleos en 2017.

Asimismo, el informe del Observatorio señala que Canarias ha dejado de recibir 71 millones de euros en los últimos seis años como consecuencia de los recortes estatales, y pone de manifiesto que el Gobierno canario aporta el 80% de la financiación pública.

En este punto, indica que con los 12,5 millones de euros que Canarias ha dejado de recibir en 2017 como consecuencia del recorte del Estado se podrían atender a casi 2.000 nuevos dependientes y crear más de 400 nuevos empleos.

38.000 PERSONAS MUERTAS EN ESPAÑA

En España, un total de 38.000 personas en situación de dependencia fallecieron durante 2017 sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho, según el dictamen, que alerta de que diariamente murieron más de 100 personas en esta situación.

Este Observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales señala, no obstante, que la mayoría de los parámetros de gestión del SAAD -personas atendidas, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados- "han mejorado", pero "en gran medida, a base de servicios de bajo coste dirigidos fundamentalmente a los dependientes 'moderados' con Grado I".

Así, indica que 1.264.951 personas tenían reconocida su situación de dependencia al finalizar 2017, 51.018 más que el año anterior, de las que 954.831 personas estaban siendo atendidas en el Sistema, 89.267 más que un año antes; un tercio de estas personas son mujeres (65%); el 72,2% son pensionistas, y más de la mitad (54,6%) tienen más de 80 años.

El dictamen pone de manifiesto que la lista de espera de las personas que estaban pendientes de recibir una prestación ascendía a 310.120 (24,5%) al finalizar 2017, aunque son 51.078 menos que un añoantes.

No obstante, esta organización reitera que, a este ritmo, se tardaría "más de cuatro años en atender la actual lista de espera" y advierte de que es "especialmente preocupante" que casi cuatro de cada diez personas desatendidas (120.000 personas), son dependientes 'severos' y 'grandes dependientes'.

"Resulta que las personas con más necesidades de atención son las que menos han visto reducir su lista de espera, lo que evidencia que las comunidades autónomas han optado por atender a aquellos que pueden reducir la lista de espera con menores costes para el Sistema (moderados) y con servicios de bajo coste", advierten los autores del informe.

Por otra parte, el documento pone de relieve que, "un año más", el gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) "debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del nivel mínimo". Así, asegura que el Estado aporta el 20% del gasto público y las comunidades autónomas el 80% restante.

También señala que la "disminución" de la financiación a las administraciones autonómicas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2016 -reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado-, "supone ya una cifra acumulada de 2.700 millones de euros".

SUSPENDEN DIEZ COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En esta edición del dictamen hay diez comunidades autónomas con suspenso, clasificación liderada por Castilla y León (9,3), Castilla-La Mancha (8,2) y Andalucía (6,4).

"La mejora en las comunidades con menor desarrollo hace que se reduzcan las diferencias, si bien siguen existiendo grandes desigualdades entre territorios, tanto en cobertura como en modelos de gestión", sostienen los autores del informe, que alertan, además de que algunas autonomías "van a tener muy difícil recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica".