En la iniciativa, Allué ha reclamado al Ejecutivo regional que remita ya a los grupos parlamentarios el informe que ha elaborado sobre este asunto y que la cámara convoque "urgentemente", en dos semanas, la Comisión especial de estudio que la mayoría acordó crear para agilizar los trabajos y "no posponerlo al año electoral", 2019.

En rueda de prensa, la parlamentaria del PAR ha emplazado al Gobierno a llevar a cabo esta reforma "si de verdad hay un interés real y verdadero de escuchar a la ciudadanía" para que "todos los aragoneses dejen de estar discriminados, se dejen los agravios comparativos y esa política errática".

Elena Allué ha dicho que "no es justo que los aragoneses seamos diferentes a cualquier otra comunidad y paguemos hasta 100 y 1.000 veces más que cualquier otro español", lo que constituye una "desventaja competitiva" de la que han alertado todos los grupos empresariales.

La diputada del PAR ha recomendado bonificar este impuesto al 99 por ciento o ampliar las exenciones, que en este momento son "muy bajas", indicando que el Gobierno "tiene margen de maniobra suficiente", tras lo que ha recalcado que este año dispone de más presupuesto y tiene en perspectiva la negociación del nuevo sistema de financiación.

Ha apuntado que, además, el Ejecutivo regional puede alcanzar con el Gobierno de España un convenio económico singular dentro del régimen general de financiación autonómica para introducir las compensaciones que queden fuera del acuerdo de todas las regiones.

PRISAS

Ha aseverado que "la izquierda ha ido tumbando sistemáticamente" las propuestas de supresión y reducción de este gravamen y ha recordado que el PAR ha presentado iniciativas en este sentido durante tres años, haciendo notar que a Lambán "le entran las prisas" ahora pese a haber hecho "caso omiso" hasta el momento.

Allué ha considerado "inaceptable" que el jefe del Ejecutivo regional posponga la reforma hasta 2019 "y que haya dejado pasar todas las oportunidades que el PAR le ha puesto encima de la mesa", criticando el "claro intento de utilización partidista y electoralista" de Lambán.

Ha pedido que las bonificaciones fiscales sean las máximas y ha atribuido el anuncio de reducción realizado por el presidente aragonés a "la presión de algunos grupos", las movilizaciones ciudadanas, incluyendo la recogida de 130.000 firmas; que otras comunidades, como Andalucía, Extremadura y Asturias, hayan tomado medidas y que Aragón quede en una situación de "indefensión", como la comunidad en la que "más pagamos por morir".