En este sentido, Rodríguez consideró que los "defensores del gas en Canarias están gafados", ya que apuntó que previo a este pronunciamiento del TSJC, el Tribunal Supremo (TS) ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de marzo de 2015, que anuló a petición de la plataforma ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla la autorización administrativa otorgada por el Ministerio de Energía en 2012 a la Compañía Transportista de Gas Canarias para la construcción de la regasificadora.

A ello, añadió en nota de prensa, que en diciembre de 2017 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuestionó la viabilidad económica de la planta de Granadilla, que comenzó a gestarse en 1988, por "su obsolescencia". Además la plataforma ciudadana contra el puerto de Granadilla prevé, dijo, recurrir el segundo proyecto presentado ante el Gobierno central para la concesión administrativa y que este futuro conflicto judicial se puede prolongar hasta 2025.

Rodríguez también expuso que hay otros 20 recursos "en espera" ante el TSJC contra el decreto de adjudicación del gas del Ejecutivo de CC ahora anulado parcialmente, señalando que "posiblemente se pronuncien en términos similares" y su resolución final "tardará, como mínimo, otros tres años si las partes implicadas acuden en casación al Supremo".

Por todo ello, se preguntó que "más necesita" el Gobierno regional para "renunciar, de una vez, a este combustible fósil como energía de transición y pasar directamente al desarrollo de las energías renovables", ya que indicó "sobran las razones y las evidencias científicas, técnicas, medioambientales, sociales y ahora judiciales para hacer de las islas un territorio libre de energía contaminante".

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