Los abogados de ANV han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dos demandas contra la sentencia del Tribunal Constitucional que denegaba el amparo contra el auto del Supremo que anuló 133 candidaturas elaboradas en las pasadas elecciones municipales, forales y al Parlamento navarro del mes de mayo.

Según han informado fuentes del citado partido, la primera de las demandas se interpuso en relación a la anulación de 125 candidaturas presentadas en municipios del País Vasco y de Navarra, así como de siete candidaturas presentadas por las circunscripciones de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa a las Juntas Generales.

La segunda de las demandas se refiere a la anulación de la candidatura elaborada por ANV al parlamento de Navarra.

Violación de la libertad de asociación

Según los letrados de dicha formación, la actuación del Supremo que anuló sus listas supuso "una violación de tres artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos", en concreto, del número 10 relativo a la libertad de expresión, el 11 sobre la libertad de asociación y el 13, por el derecho a un recurso efectivo.

Además, en el caso de las elecciones al parlamento de Navarra, ANV cree que se vulneró el artículo que establece la obligación de celebrar comicios que "garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo".

En sus argumentaciones, los abogados de la formación abertzale exponen que "la actuación de los tribunales españoles es contraria a la jurisprudencia de la Corte Europea" y niegan que ANV sea "un mero sucesor o continuador del ilegalizado Batasuna", como sostiene el Constitucional, para lo cual relatan la historia del partido desde su fundación.

Ingeniería jurídica

Así, denuncia ante el tribunal europeo "la ingeniería jurídica, que llegó a alcanzar el fraude procesal, que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional emplearon al estimar las demandas del Abogado del Estado y la Fiscalía General", al amparo de la Ley de Partidos para impedir que ANV pudiera presentarse a las elecciones.

Dicha formación lamenta en sus demandas "el carácter político de la actuación del Estado contra ANV" y "la falta de argumentos jurídicos que justificaran una medida tan grave".