Los Mossos dieron un "excepcional protagonismo" a los Jordis en la gestión de la seguridad del 20-S, según la Policía

Concentración frente a la Consellería de Economía de Cataluña tras el registro en relación al 1-O.
Concentración frente a la Consellería de Economía de Cataluña tras el registro en relación al 1-O.
EUROPA PRESS
Concentración frente a la Consellería de Economía de Cataluña tras el registro en relación al 1-O.

Los Mossos d'Esquadra invitaron a los líderes soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart a asistir a las reuniones con la Guardia Civil y aceptaron sus "sugerencias" en la gestión de la seguridad del registro del 20 de septiembre en la Consellería de Economía, según concluye la Policía Nacional.

Así consta en un informe remitido a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, en el marco de la causa abierta al exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, por el papel de la Policía catalana ante el registro que el instituto armado practicó en Economía y el referéndum del 1-O.

El documento, confeccionado a partir de los que se incautaron a los Mossos cuando el pasado 26 de octubre los iban a quemar en una incineradora, señala el "excepcional protagonismo" que los mandos de la Policía catalana dieron a los entonces líderes de la ANC, Jordi Sànchez —ahora propuesto como candidato a la presidencia de la Generalitat— y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ambos encarcelados por rebelión.

La Policía Nacional insiste en la "importancia y relevancia que los mandos de los Mossos d'Esquadra" dieron a los Jordis, quienes, añade el informe, "en todo momento controlaron la actitud de la masa y gozaron de información sensible sobre lo que estaba sucediendo".

El documento entregado a Lamela señala que Sànchez y Cuixart fueron "invitados a participar en todas las reuniones" que los mandos de Mossos mantenían con los de la Guardia Civil en relación con la gestión de la masiva concentración que tenía lugar ante la consellería registrada, lo que impidió a los agentes del instituto armado abandonar las dependencias hasta la mañana siguiente.

Según la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra aceptaron las "sugerencias" de los Jordis y se les permitió "poner en marcha decisiones operativas" en relación con la manifestación.

Lo "adecuado", añade el informe, es que fueran miembros del área de mediación de los Mossos los que se entrevistaran de forma separada con los Jordis para trasladar después sus apreciaciones a los mandos del dispositivo policial, en aras de garantizar la seguridad del 20 de septiembre.

Además, añade el documento, en varias ocasiones la intendenta de los Mossos Teresa Laplana, también imputada por la Audiencia Nacional, "trasladó información sensible" a los Jordis sobre la llegada de los detenidos, el fin de los registros o la salida de la secretaria del juzgado, que fue evacuada de madrugada por la azotea de un edificio anexo al de la consellería.

En otro informe, que Lamela ha remitido al juez Pablo Llarena —quien investiga a Sànchez y al Govern cesado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución—, la Guardia Civil concluye que el exlíder de la ANC pactó con Trapero las "condiciones" en que debían actuar los agentes que practicaban el registro.

El instituto armado señala que en una reunión con el equipo de mediación de los Mossos, Sànchez "manifestó unas condiciones de lo que se iba a permitir hacer a los agentes de la Guardia Civil que se encontraban en el interior del edificio y lo que no" y que no fueron rebatidas por ninguno de los policías catalanes.

De ello se desprende, según la Guardia Civil, que las condiciones que Sànchez "ofertó" a los agentes del instituto armado "ya debían haber sido tratadas con Trapero", con el que mantuvo "permanente" comunicación telefónica, a través de 17 llamadas de móvil y otros intentos infructuosos de contactar.

La Policía concluye además que los Mossos recibieron consignas para que en sus informes sobre el referéndum de indepedencia, suspendido por el Tribunal Constitucional, aportaran versiones similares y ajustadas al mandato recibido por parte de las autoridades judiciales, según informa El Mundo. El periódico agrega que la Policía autonómica manipuló las actas sobre su actuación el 1-O antes de mandarlas a la Fiscalía.

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