"La violencia de género es un problema social que no sólo puede corregirse con sanciones", ha asegurado Cerezo, quien junto a los profesores José Luis Díez Ripollés y María José Benítez ha presentado un libro en el que analiza los diez años de vigencia de la ley contra la violencia de género (2004-2014).

La experta afirma que la política penal en materia de violencia de género ha sido eficaz, pero que, sin embargo, no se ha desarrollado suficiente la prevención: "En la parte educativa queda mucho por hacer para llegar al cambio social que debe producirse".

"Los asesinatos de mujeres han disminuido cerca de un 30 por ciento, sin embargo, solo en uno de cada tres casos hay denuncia previa", ha sostenido Cerezo, quien ha emplazado a "concienciar y educar a las mujeres para que detecten antes el problema".

En este sentido, la profesora puntualiza que son los casos más graves los que se están viendo reducidos, ya que las cifras de micromachismos, es decir aquellos que afectan más al terreno psicológico, "todavía siguen siendo muy graves".

El libro que evalúa la efectividad, eficacia y eficiencia de esta ley, que entró en vigor hace 13 años, está basado en datos empíricos, fuentes secundarias y trabajo de campo. "Hemos estudiado sentencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, analizado estadísticas oficiales e informes de observatorios del Ministerio de Justicia y desarrollado grupos de discusión con partes implicadas", ha explicado la profesora de Derecho Penal de la UMA. Un trabajo financiado por un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía de más de seis años de investigación.

La UMA colabora también en un proyecto del Ministerio del Interior que examina los asesinatos a mujeres en los últimos cinco años en Málaga y provincia. Se trata de un estudio exhaustivo de cada caso, que busca perfeccionar la predicción del riesgo, para el que se ha contado con los familiares de las víctimas, e incluso de algunos agresores.

El Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga es un centro de investigación científica y técnica dedicado a las disciplinas penales, penitenciarias, criminológicas y político-criminales. Fue creado en el 1990 y en él también participan las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada.