El paro en febrero en la Comunitat disminuyó en 2.045 personas con una reducción concentrada en los demandantes hombres (1.569 de los 2.045), en el sector servicios y en la actividad industrialm según ha descrito el sindicato en un comunicado en el que destaca que el desempleo ha aumentado entre menores de 25 años (955 personas), y entre trabajadores de origen extranjero (93 personas), "colectivos que siguen teniendo una mayor dificultad para la incorporación al mercado de trabajo".

García Alcolea considera que, "aunque toda disminución es una buena noticia, ésta no supera un análisis más profundo, como el hecho de que en un mes típico de reducción de paro, casi 400.000 personas que han manifestado en nuestra autonomía su voluntad de trabajar siguen sin poder hacerlo".

En este sentido ha destacado "el gran perjuicio" que la situación del mercado laboral provoca en las condiciones de vida y trabajo de las mujeres, que "por si solas ya justifican la convocatoria de huelga del próximo 8 de marzo contra las múltiples brechas, tanto salarial como de acceso al mercado laboral, o la elevada parcialidad involuntaria y las tasas de precariedad y desempleo padecidas por las mujeres".

A su juicio, "es el momento del tan nombrado cambio de modelo productivo, que quedará cojo sin una perspectiva de género que incluya a las trabajadoras en el diseño de empleos de calidad, con salarios dignos, que permita desarrollar los proyectos de vida digna y en igualdad".

Ante esta situación el sindicato reclama "introducir cambios en la estructura productiva para generar empleos de calidad, recuperar el peso de sectores industriales y una apuesta por la i+d+i, energías renovables, así como del sector público nicho de trabajo necesario y, medio de recuperar los derechos perdidos durante la crisis y fortalecer el Estado del Bienestar".

Asimismo considera necesario impulsar una negociación colectiva que incremente los salarios para que los trabajadores participen de los beneficios de las empresas y para atajar la precariedad del empleo; robustecer el diálogo social para poder avanzar en propuestas para el cambio; una reforma fiscal progresiva, que rectifique las anteriores, que se limitaron ha reducir los ingresos y a agravar los recortes sociales y mejorar la protección social, garantizando el poder adquisitivo de las pensiones e implantando una prestación de ingresos mínimos como la presentada por CCOO y UGT en el Congreso de los Diputados.