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Ciudad de la Justicia EUROPA PRESS

Asimismo, el juzgado ha citado con la misma condición al auditor Luis Caruana para ese mismo día y a otros cinco testigos, según las mismas fuentes. En concreto, el órgano judicial indaga sobre la restauración por parte del Ivacor -empresa pública- de 12 libros antiguos con un valor considerable sin presupuesto ni contraprestación económica; y la contratación desde la entidad de unas 50 trabajadoras autónomas sin proceso selectivo alguno.

La causa parte de la denuncia que interpuso la Confederación General del Trabajo (CGT) en Fiscalía por presuntas irregularidades entre los ejercicios 2011 y 2012 en el Ivacor, entidad de derecho público de la Generalitat que tuvo encomendadas hasta su extinción -en enero de 2013- competencias directas de política cultural del Consell relativas a la gestión en materia de conservación y restauración de bienes culturales de naturaleza mueble.

El ministerio público, tras estudiarla, decidió remitirla al juzgado y pidió que se abriera una investigación judicial al ver posibles delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos. En la denuncia de Fiscalía, también se requería al juzgado que citara a declarar en calidad de investigados tanto al auditor propietario de los 12 libros, Luis Caruana, como a Gemma Contreras -exjefa del Departamento de Obra gráfica y material de archivo de Ivacor y actual subdirectora- y a la propia Carmen Pérez -ex directora-gerente de la entidad-.

CGT denunció en su momento que Luis Caruana habría solicitado la restauración de doce libros antiguos procedentes de su colección particular a Ivacor y que la misma se realizó con medios técnicos y recursos humanos de la administración pública -con trabajadoras de plantilla y autónomas contratadas ex profeso- sin que mediase presupuesto ni contraprestación económica o convenio de colaboración o cualquier otro tipo de apoyo contractual que justificase la realización de los trabajos.

Las restauraciones -siempre según el mismo escrito del sindicato- se hicieron "por orden directa" de Contreras y "con la aprobación" de Carmen Pérez. Duraron al menos 15 meses, desde diciembre de 2011 hasta siempre de 2012. Se entiende que el importe de los recursos humanos utilizados podría ascender a la cantidad de 100.000 euros, sin contar los costes de los talleres ni los materiales empleados.

SIN PROCEDIMIENTO SELECTIVO

Así mismo, desde CGT se denunció que los contratos laborales de obra o servicio para realizar estas restauraciones fueron formalizados por la entonces directora sin mediar procedimiento selectivo alguno.

A los pocos meses de culminarse la restauración, Luis Caruana fue el responsable de elaborar un informe pericial sobre la estructura de costes e ingresos y la viabilidad operativa de CulturArts, que engloba a cuatro entidades de derecho público y de que forma parte el Ivacor, según se refleja en el escrito de denuncia tanto de CGT como de Fiscalía.

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