La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), que articule todos los mecanismos necesarios para resolver el conflicto judicial que mantiene paralizadas desde hace más de un año las obras del subfluvial de Santoña, de forma que se puedan reiniciar cuanto antes.

Díaz Tezanos ha advertido que si el Ministerio opta por esperar a que los tribunales resuelvan el contrato y se adjudique a una nueva empresa, "la espera va a ser larga y los daños ambientales cuantiosos,

y en estos momentos incalculables".

Por ello, ha apostado por la que a su entender es la otra salida posible, una salida "pactada y acordada" que permita reanudar las obras "pronto", aunque "no parece lo más probable", ha lamentado. "El Gobierno tiene la palabra", ha dicho la también consejera de Medio Ambiente, quien ha criticado el "silencio total y absoluto" que ha mantenido hasta ahora el Ministerio "a pesar de los numerosos requerimientos" de información.

La vicepresidenta ha explicado en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una interpelación del diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio, que este mismo lunes ha recibido una carta del Ministerio en la que confirma el contenido del comunicado difundido por la empresa pública Tragsa, contratista principal de las obras del colector interceptor general Santoña-Laredo-Colindres, el pasado 5 de febrero y del que tuvo conocimiento, ha dicho, a través de los medios de comunicación.

En ella se señala que Tragsa y el Ministerio están trabajando en una solución "definitiva y de garantía" para finalizar las obras de perforación del túnel subfluvial de Santoña, paralizadas desde finales de 2016 por los problemas técnicos planteados por la UTE subcontratista, constituida por Acciona Infraestructuras y la empresa constructora Ascan, y el posterior procedimiento judicial interpuesto por ésta.

En la carta se señala que la licitación realizada por Tragsa, establecida inicialmente por importe de 9,7 millones de euros, tuvo en consideración, en el momento de su adjudicación, la capacidad técnica y experiencia de gestión en este tipo de proyectos acreditada por la oferta ganadora.

Que en la actualidad y desde finales de 2016, faltan de ejecutar 1.200 metros del túnel del subfluvial -"sólo se han 275 metros", y que la UTE no ha logrado una solución que permita el necesario reemplazo de los elementos de corte que requiere la tuneladora para proseguir los trabajos de perforación en el fondo del mar, tal y como preveía el desarrollo del proyecto.

La UTE interpuso una demanda en mayo de 2017 contra Tragsa, solicitando la resolución del contrato o la modificación del mismo en una cantidad económica que supera el presupuesto inicial de la obra.Y Tragsa no solo se ha opuesto a la demanda de la UTE sino que, por su parte, ha solicitado en el mismo juzgado de primera instancia de Madrid la resolución del contrato y la correspondiente indemnización.

La empresa pública considera que la parada de la tuneladora que impide ahora continuar con los trabajos es una responsabilidad "única" de la UTE y de la forma en que se ha ejecutado la perforación, lo que ha imposibilitado el cambio pertinente de cuchillas, provocando en definitiva, según Tragsa, el incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dada la complejidad del procedimiento judicial, Tragsa ha subrayado que está trabajando en coordinación con el departamento de Isabel García Tejerina para estudiar la viabilidad, en las condiciones actuales, de continuar con el proyecto técnico planteado y, en su caso, analizar otras alternativas que permitan culminar la actuación.

"TERCER FRACASO"

La vicepresidenta ha destacado que el Gobierno regional va a defender los intereses de Cantabria y exigir la finalización de esta obra "con todos los medios a su alcance, incluidos los jurídicos y judiciales si llega el caso".

Ha destacado que la paralización de esta obra, que es "pieza clave" para culminar el sistema de saneamiento de Santoña y los municipios de la margen derecha del Asón, que aglutinan en verano a 122.000 personas, es "una desgracia" para Cantabria, y el "tercer fracaso"

del Gobierno central en la región,

después de la depuradora de Vuelta Ostrera, condenada a demolición, y el bitrasvase Ebro-Besaya, anulado también por los tribunales.

La consejera socialista ha reivindicado que las tres obras atienden competencias autonómicas pero son responsabilidad de la administración central porque el Gobierno de Felipe González las declaró de interés general, "con la oposición por cierto del PP", ha apostillado.

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