Además del regidor que en 2015 dejó el Partido Popular, se sentarán en el banquillo otros cinco concejales que componían la junta de gobierno local, así como la arquitecta municipal que, según señala la Fiscalía en su escrito de acusación, emitió informes "favorables" a la concesión de las licencias "en casi todos los expedientes".

Y es que el Ministerio público considera que todos ellos "votaron unánimemente a favor" de estas licencias "siendo conocedores de la situación del suelo de la localidad" y de la "imposibilidad" de dar respuesta a las necesidades de servicios básicos para la ejecución de las viviendas.

Por ello, la Fiscalía considera a todos los implicados presuntos autores de un delito de prevaricación urbanística. Así, para el alcalde, pide una pena de dos años de cárcel y diez años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público en cualquier administración local, autonómica o estatal.

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