En este sentido y en rueda de prensa, De Manuel ha recordado que, un año después de la aprobación de la citada ley, "las fosas siguen intactas, los símbolos franquistas igual, y aún no funcionan correctamente las oficinas de la Memoria".

Además, para el diputado regional de Podemos es "urgente la puesta en marcha del banco de ADN, para poder cotejar los restos de las víctimas con los de los familiares, porque si no se hace un proceso con garantías no servirá de nada abrir las fosas".

Por ello, ha reclamado "más celeridad" al Ejecutivo que preside la socialista Susana Díaz, "porque las víctimas directas y sus familiares más mayores no tienen tiempo que perder, y nos jugamos, entre otras cosas, perder los relatos orales de quienes sufrieron el genocidio".

Para poner en funcionamiento la Ley de Memoria Histórica de Andalucía, De Manuel ha insistido en "la necesidad de dotar adecuadamente las oficinas de la Memoria y en que la Junta de Andalucía realice una campaña de difusión y acompañamiento, para que los familiares de las víctimas sepan los trabajos que se van a llevar a cabo y puedan aportar sus muestras de ADN con mayor facilidad".

Los posibles restos encontrados en las excavaciones del yacimiento arqueológico de Ategua, en Córdoba, ha llevado a la formación morada a demandar que se les facilite copia del informe de la arqueóloga, que "el Gobierno andaluz ya nos negó anteriormente con excusas muy peregrinas" y que consideran necesario tener, pues, según ha explicado De Miguel, "este informe recogería indicios de que allí también hay restos de represaliados por el franquismo".

Por su parte, la portavoz del Círculo de Memoria Histórica de Andalucía de Podemos, Laura Ortiz, ha expresado su satisfacción por la aprobación del dictamen de la Comisión de Memoria Histórica en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba del pasado martes, y ha agradecido el trabajo realizado por todos los especialistas consultados.

Preguntada sobre el escenario que se abre ahora, Ortiz ha hecho hincapié en que "el protocolo firmado entre el Ayuntamiento y la Consejería de Presidencia debe materializarse en diferentes convenios específicos, con dotación presupuestaria e incluyendo a todas las instituciones implicadas" y, en relación a los cambios en el callejero de Córdoba para eliminar nombres de franquistas, también ha defendido que dichos cambios "deberían llevarse a cabo en menos de seis meses".

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