El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga ha iniciado este viernes los trámites para recuperar la posesión del inmueble okupado de calle Nosquera 9-11, La Casa Invisible, después de que la junta de gobierno local haya rechazado la solicitud de cesión del edificio efectuada por la Fundación los Comunes.

Esta decisión se basa en los "incumplimientos de este colectivo como son el ejercicio de actividades sin contar con las preceptivas licencias y/o autorizaciones, de la medida cautelar de cierre decretada en 2014 por razones de seguridad, o la falta de colaboración en las inspecciones requeridas e imposibilidad de acceso al personal municipal para la actualización de la inspección técnica del inmueble, entre otros".

Consecuentemente con lo anterior, se va a incoar el procedimiento dirigido a la recuperación de la posesión del inmueble, con audiencia a los ocupantes del mismo, según han informado en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno del PP, Carlos Conde, y el edil de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares.

También se ha dado luz verde a, una vez obtenida la posesión, redactar el proyecto técnico a fin de dotar al mismo de las condiciones necesarias para cumplir con el destino de equipamiento comunitario fijado por el planeamiento.

Como se recoge en la propuesta aprobada, en función del presupuesto de ejecución de las obras y recomendaciones de los técnicos en cuanto a la inmediatez con la que haya de acometerse la rehabilitación del edificio, se adoptarán los acuerdos pertinentes.

Así, podrán ir encaminados a la ejecución directa de las obras por parte del Ayuntamiento y puesta en uso del edificio con carácter previo a la licitación en pública concurrencia de concesión administrativa para uso cultural del edificio o a la licitación en pública concurrencia de concesión administrativa para uso cultural del edificio, con entrega del inmueble en el estado en que se encuentre y con la obligación de que el adjudicatario ejecute las obras si resulta viable según la memoria económica que se realice.

INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL COLECTIVO

Tras un análisis jurídico de la moción acordada por el Pleno en octubre pasado, y tras haberse recabado informes de los distintos departamentos de la Gerencia Municipal de Urbanismo así como de otras áreas como la Policía Local y Comercio y Vía Pública, éstos abundan en una motivación "razonada y concreta" de los acuerdos adoptados.

Del conjunto de actuaciones administrativas "se infieren incumplimientos por parte del colectivo que se encuentra en posesión del inmueble como el ejercicio de actividades sin contar con las preceptivas licencias y/o autorizaciones, algunas de ellas como la de bar sin ligazón con actividades culturales que son el objetivo de la Fundación" y la medida cautelar de cierre decretada en 2014 por razones de seguridad, "lo que pone de manifiesto la necesidad de acometer obras que se está demorando en el tiempo y la necesidad de una solvencia económica no acreditada".

También alude el equipo de gobierno a la "falta de colaboración" en las inspecciones requeridas "e imposibilidad de acceso al personal técnico" del Ayuntamiento para la actualización de la Inspección Técnica de Edificios.

"El interés o finalidades públicas que siempre ha de perseguirse con la actuación administrativa ha de ir encaminado a la defensa del cumplimiento de las normas vigentes, el mantenimiento de las condiciones de seguridad y salubridad en los inmuebles así como a la protección y rehabilitación del patrimonio municipal máxime cuando cuenta con protección arquitectónica", ha defendido.

En este punto, añade que "por más loable que pueda ser la actividad cultural de la Fundación Los Comunes, que ha sido considerada entidad de utilidad pública municipal, dicha actividad no puede desarrollarse al margen del cumplimiento de las normas".

ITE DESFAVORABLE Y MEDIDA CAUTELAR DE CLAUSURA VIGENTE

Desde el Consistorio han recordado que el período de vigencia de la autorización temporal del inmueble para el desarrollo del proyecto conocido como Casa Invisible, marcado en el protocolo de intenciones de 17 de enero de 2011, fue de 12 meses, "por lo que desde enero de 2012 el edificio se encuentra okupado sin título habilitante alguno para ello".

Como se recoge en la propuesta, entre otros antecedentes, el 19 de diciembre de 2014 se dictó la resolución municipal en la que se disponía proceder como medida cautelar y por motivos de seguridad a la clausura del edificio para el uso de las actividades de pública concurrencia hasta que se adopten las medidas de seguridad exigibles en el inmueble. Dicha medida cautelar fue reiterada en abril de 2015 y permanece vigente.

Además, desde Gerencia se ha venido llevando a cabo, en 2011, 2014, 2015 y 2016, mediante ejecución subsidiaria, la realización como medida cautelar de aquellas obras de carácter urgente que no podían demorarse tales como retirada de elementos sueltos de fachada, reparación de huecos por rotura de tejas, etcétera.

Por parte del Servicio de Conservación de Urbanismo se está elaborando informe de actualización de la Inspección Técnica de Edificios de este inmueble, cuya anterior ITE resultó en 2014 desfavorable.

El 12 de noviembre de 2017, 5 de diciembre de 2017 y 4 de enero de 2018 los técnicos municipales intentaron de modo "infructuoso" acceder al edificio para realizar dicha inspección, "sin que al día de la fecha hayan sido atendidos los requerimientos realizados a tal efecto desde el mencionado servicio por parte de la entidad que ostenta la posesión del edificio".

NECESIDAD DE ACOMETER OBRAS DE REHABILITACIÓN

Según revelan todos los informes técnicos emitidos por los distintos servicios municipales en cuanto al estado del edificio, "queda patente la necesidad de acometer obras de rehabilitación del mismo para que pueda desarrollarse el uso al que viene destinado por el planeamiento (equipamiento comunitario), máxime cuando se trata de un edificio que cuenta con protección arquitectónica".

La Fundación Los Comunes ha aportado proyecto técnico que ha sido objeto de distintos informes municipales en los que se ha ido haciendo observaciones al contenido del mismo; si bien, según han indicado, no constan aportados datos concretos relativos a los fondos con los que pueda contarse

al día de la fecha para su ejecución.

En el informe de la Policía Local se señala que, desde el 19 de agosto de 2009 hasta el 6 de febrero de 2018, a requerimiento y de oficio, se han realizado más de 200 visitas de control al inmueble. Del total, se han desprendido 48 intervenciones policiales positivas, en el transcurso de las cuales se han generado 103 actas de denuncias.

Entre los motivos está carecer de licencia de apertura, de hojas de reclamaciones, de seguro de responsabilidad civil y de permiso de música, así como por permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores y por incumplimiento del decreto de clausura.

Incluso se constató en febrero del pasado año, según se desprende del acta policial, la existencia de una sala, en un lateral del patio interior, acondicionada como sala de fiestas.

En cuanto al informe de Comercio, se señala apercibimiento realizado para que presentasen declaración responsable. Asimismo, se indica que con independencia de la depuración del título jurídico que acredite la disponibilidad y pacífica posesión del inmueble, "la situación actual del precario no ampara ni exime al actual poseedor de inmueble del cumplimiento de la normativa de general aplicación: protección contra incendios, seguridad, accesibilidad, sanidad, medioambiental, etcétera)".