El magistrado Pablo Llarena, que instruye en el Supremo la causa principal contra los dirigentes del proceso soberanista catalán, ha admitido al Gobierno como acusación en el procedimiento, han informado fuentes jurídicas.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, había pedido ser parte del proceso judicial al considerar que el Estado ha sido perjudicado por la malversación de caudales públicos en la que habrían incurrido los investigados. Y el juez ha admitido esa personación, de modo que a partir de ahora la acusación del Gobierno se suma a la Fiscalía y a la única acusación particular presente en la causa hasta el momento, la que ejerce el partido VOX.

Los líderes del proceso soberanista están siendo investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación. Los servicios jurídicos del Estado han pedido su presencia en la causa como acusación ante la sospecha de que se haya destinado dinero público a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre y las acciones posteriores encaminadas a la declaración unilateral de independencia.

Precisamente este jueves se ha conocido un informe de la Guardia Civil en el que cifra en un millón de euros el dinero que la Generalitat pagó a Unipost solo para el envío de cartas a los miembros electorales y para tarjetas censales del referéndum.

Y el juez de Barcelona que investiga los preparativos y la celebración del referéndum considera "evidente" que "todo o parte" de ese proceso se pagó con créditos obtenidos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), dado que éstos constituyen una partida importante de los ingresos de la Generalitat.