Además, la fiscalía solicita cinco años de inhabilitación para Alperi, como supuesto autor de un delito continuado de prevaricación. En total, para Alperi el fiscal reclama que sea inhabilitado para cargo público durante 29 años mientras que para Castedo pide 24 años de inhabilitación.
Por su parte, para el empresario Enrique Ortiz, la Fiscalía solicita ocho años de prisión por los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento de información privilegiada y tráfico de influencias por particular sobre funcionario público o autoridad. Asimismo, le reclama 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
Asimismo, pide multas que ascienden a 86 millones de euros para Enrique Ortiz; 63 millones para Luis Díaz Alperi y 126,5 millones para Sonia Castedo.
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